Detenido por el 11J tiene dos costillas rotas y está lleno de sarna en una prisión de Artemisa

Uno de los manifestantes pacíficos detenidos el pasado 11 de julio se encuentra con un par de costillas rotas tras una golpiza y además lleno de sarna en la prisión de Güira de Melena, en Artemisa.

Daya Batista comentó en Facebook que su cuñado, Juan Enrique Pérez Sánchez, fue apresado un día después del estallido social que motivó a varias protestas masivas contra la continuidad del castrismo.

Juan Enrique fue torturado durante ocho días (Foto: Daya Batista – Facebook)

Pérez Sánchez fue torturado durante ocho días en la cárcel Panamá, ubicada en San José de las Lajas, en Mayabeque, y luego lo movilizaron al centro de reclusión en Artemisa.

“Tiene dos costillas rotas y está lleno de sarna. A su abogado no lo dejan verlo, él pidió al fiscal del caso un cambio de medida, que fue soltarlo bajo fianza y le fue negado”, manifestó Batista.

La mujer denunció en el post que Pérez Sánchez es víctima de secuestro, maltrato físico y psicológico por exigir un cambio en la Isla.

Hace unos días, organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión en Cuba manifestaron su preocupación por la excesiva violencia que ejerció el gobierno cubano contra los manifestantes.

A través de un comunicado conjunto, se denuncia que las fuerzas opresoras del régimen comunista atentaron contra la integridad física y psicológica de los detenidos, además de no permitirles acceder a un proceso jurídico apegado a la constitución de la Isla.

Según Cubalex, los detenidos fueron víctimas de prácticas de tortura, como golpizas, electroshocks, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual y uso de perros para amedrentarlos.

La citada organización tiene en sus registros la detención de más de 830 personas por motivo del estallido social, mientras que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos detectó a casi mil personas arrestadas.

Las organizaciones que expresaron su preocupación exigieron a las autoridades comunistas la aprobación de una ley que permita a los cubanos realizar manifestaciones pacíficas, también pidieron la liberación inmediata de los detenidos e información clara sobre los procesos judiciales.

“Hacemos un llamado al gobierno cubano para que informe con transparencia y sin obstáculos, sobre los procesos legales que enfrentan las personas sancionadas por las autoridades desde el 11 de julio, aunque hayan sido liberadas, con especial énfasis sobre el status de casos que involucran a menores de edad”, dice el comunicado.

Prisoners Defenders denunció que los juicios son vigilados por agentes de la Seguridad del Estado y en la mayoría de ellos se utilizan a policías como testigos para que procedan las sentencias.