La disputa por el futuro de Sherritt International, una de las empresas extranjeras con mayor presencia histórica en la minería cubana, ha colocado en una posición inesperadamente relevante a Citigroup y Office Depot. Ambas compañías controlan reclamaciones estadounidenses vinculadas a propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro y posteriormente utilizadas en negocios donde participa la minera canadiense.
El asunto cobra importancia mientras dos grupos de inversionistas compiten por recapitalizar y controlar Sherritt, que atraviesa graves problemas financieros después de suspender su participación directa en Cuba en mayo. Bloomberg informó que resolver las reclamaciones de Citi y de una entidad vinculada a Office Depot podría resultar decisivo para que cualquier operación reciba las autorizaciones estadounidenses necesarias.
No se trata de un derecho de veto formal establecido por la legislación estadounidense. Davy Karkason, abogado especializado en sanciones citado por Bloomberg, utilizó ese término para describir el poder práctico que adquieren los reclamantes ante los riesgos legales y regulatorios de operar sobre propiedades confiscadas.
Citi controla una reclamación millonaria sobre la mina de Moa
El vínculo de Citigroup con el conflicto se remonta a Moa Bay Mining Company, compañía estadounidense cuyos activos mineros en Oriente fueron confiscados en 1960.
La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos certificó una reclamación por 88,349 millones de dólares correspondiente a esos bienes. Según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, actualmente la reclamación está bajo control de Citigroup y se encuentra entre las mayores de las 5.913 reclamaciones certificadas pendientes contra Cuba.
Décadas después de la confiscación, Sherritt comenzó a operar la explotación de níquel y cobalto en Moa mediante una sociedad conjunta con la estatal General Nickel Company. Esa operación quedó nuevamente en el centro de la controversia cuando Washington endureció las sanciones durante 2026.
Periódico Cubano había informado previamente sobre la batalla entre inversionistas por controlar Sherritt y sus activos vinculados al níquel cubano.
¿Cómo terminó Office Depot reclamando una compañía eléctrica confiscada en Cuba?
El caso de Office Depot es aún más peculiar. Su reclamación procede de Cuban Electric Company, creada en Florida en 1927 y responsable antes de 1959 de gran parte de la generación y distribución eléctrica cubana.
La empresa fue confiscada en 1960. Tras décadas de fusiones corporativas, sus derechos pasaron por American & Foreign Power, Ebasco, Boise Cascade y OfficeMax, hasta llegar a Office Depot. Atlas Holdings adquirió en 2025 la matriz de Office Depot y quedó vinculada a la reclamación.
La cantidad certificada asciende a 267.568.413,62 dólares, la mayor reclamación estadounidense individual por bienes confiscados en Cuba. En julio, Cuban Electric Company presentó una demanda federal contra Unión Eléctrica y Energas, solicitando además intereses desde 1960 y los daños previstos por el Título III de la Ley Helms-Burton.
La conexión con Sherritt surge porque la canadiense posee un tercio de Energas, mientras los otros dos tercios corresponden a las estatales cubanas UNE y CUPET. El precedente adquiere mayor relevancia después de que la Corte Suprema permitiera avanzar la reclamación de ExxonMobil por propiedades confiscadas en Cuba.
La compra de Sherritt depende también de Washington
Gillon Capital, el family office de Ray Washburne, exfuncionario de la primera administración de Donald Trump, negocia una operación que podría darle hasta el 55% de Sherritt. La minera otorgó a Gillon un periodo de exclusividad que, según su información corporativa, se extiende hasta octubre.
La compañía también recibió una propuesta rival encabezada por Kyma Capital, Glencore, el inversionista Trifon Natsis y capital estadounidense. Sherritt calificó esa oferta como no vinculante, condicional y, en ese momento, no ejecutable.
Washburne confirmó a Bloomberg que intenta resolver al menos la reclamación directamente relacionada con la mina de Moa. El consorcio rival, por su parte, aseguró que buscará atender las reclamaciones dentro del marco legal estadounidense.
La empresa canadiense ya había abierto negociaciones exclusivas con Gillon Capital en medio de la presión de las sanciones, después de suspender su participación directa en sus negocios cubanos el 7 de mayo.
Para Cuba, el desenlace trasciende una disputa corporativa: afecta una de sus principales explotaciones de níquel y cobalto y puede convertirse en un precedente sobre cómo futuros inversionistas deberán resolver las reclamaciones por propiedades confiscadas tras la llegada de Fidel Castro al poder antes de entrar en sectores estratégicos de la Isla.
