La administración de Donald Trump está llevando a cabo negociaciones con al menos 58 países para deportar a migrantes con antecedentes criminales que se encuentran en situación irregular en Estados Unidos y que, por diversas razones, sus países de origen no los quieren admitir.
Según un informe publicado por el diario The New York Times, tras acceder a decenas de cables diplomáticos, el servicio exterior de EEUU está haciendo un gran esfuerzo para lograr acuerdos bilaterales con las naciones acogedoras.
Las conversaciones se llevan a cabo con países de diversas regiones, incluidos Europa, América Latina, África y Asia. Entre los países que ya han aceptado deportados se encuentran Costa Rica, El Salvador, México y Panamá. Sin embargo, otros países como Perú han rechazado las solicitudes de deportación, a pesar de las presiones diplomáticas y los incentivos económicos.
NEW: The Trump administration is asking at least 58 nations — including ones at war or that torture prisoners — to accept deportees who aren’t their citizens, according to US documents obtained by @nytimes. Gift link to our definitive story on the deals: https://t.co/jmgrfKVqpU
— Edward Wong (@ewong) June 25, 2025
Por ejemplo, el gobierno estadounidense pagó 100.000 dólares a Ruanda para que aceptara a un deportado iraquí. En el caso de El Salvador, se otorgaron cinco millones de dólares después de que el país aceptara más de 200 inmigrantes venezolanos acusados de pertenecer a pandillas. El presidente salvadoreño Nayib Bukele destino la cárcel CECOT para los reos y se dijo dispuesto a recibir más.
El trasfondo económico de esta estrategia de deportación de EEUU se hace evidente cuando se analiza el alto costo del sistema penitenciario privado en esa nación. Deportar a migrantes a países de origen o a naciones dispuestas a recibirlos se presenta como una forma de reducir los costos asociados con el encarcelamiento en cárceles privadas.
A través de este enfoque, la administración Trump no solo busca disminuir los gastos, sino también evitar que el sistema penitenciario se sature con migrantes detenidos en espera de un juicio o los ya sentenciados por delitos criminales.
Controversia sobre los destinos de deportación
Sin embargo, la política de enviar deportados a países que no son su lugar de origen ha generado controversia internacional. Algunos de estos países, como Libia y Sudán del Sur, han sido considerados destinos de deportación, lo que ha levantado preocupaciones sobre los derechos humanos y la seguridad de los deportados.
En particular, la Corte Suprema de EEUU dictaminó que el gobierno tiene el derecho de deportar a individuos a países que no sean su país natal, lo que abre la puerta a futuras deportaciones hacia lugares con condiciones políticas y sociales inestables.
Un caso particularmente polémico involucra a dos ciudadanos cubanos, Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones, quienes fueron deportados a Sudán del Sur. Ambos tenían antecedentes criminales graves y fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE). Arias-Hierro fue arrestado por homicidio, robo y secuestro, mientras que Rodríguez-Quiñones enfrentaba cargos de tentativa de asesinato y tráfico de personas.
A pesar de los esfuerzos por hacer que EEUU sea “más seguro”, la política de deportación masiva está siendo fuertemente criticada por defensores de los derechos humanos.
Muchos argumentan que enviar a personas a países en crisis, donde podrían enfrentar persecución o violaciones de derechos humanos, constituye una violación del derecho internacional. Además, se cuestiona la transparencia del Departamento de Estado, ya que muchos de los países involucrados en estos acuerdos no responden a las consultas de los medios.
muy bien bien lejos por invasores