La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca aumentar los litigios para la revocación de la ciudadanía de personas naturalizadas, informó la NBC News.
Según funcionarios citados por medios nacionales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) ha comenzado a redistribuir personal especializado en desnaturalización a oficinas en todo el país, con la meta de atender entre 100 y 200 expedientes mensuales.
Históricamente, los procesos de desnaturalización en EEUU han sido poco frecuentes, y se han centrado principalmente en situaciones donde se demuestra que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude o tergiversación material.
Esto puede incluir la ocultación de antecedentes penales, violaciones graves de derechos humanos o la pertenencia a organizaciones terroristas. Durante el primer mandato de Trump, se presentaron poco más de un centenar de casos.
Sin embargo, en el actual periodo, ya se han iniciado nuevas acciones judiciales, aunque los números siguen siendo reducidos en comparación con el total de ciudadanos naturalizados en el país.
Cada año, alrededor de 800.000 personas adquieren la ciudadanía estadounidense mediante naturalización. Para lograrla, los solicitantes deben ser residentes permanentes legales, demostrar dominio básico del inglés, aprobar un examen de educación cívica y acreditar un “buen carácter moral”, según lo establecido por la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El portavoz del USCIS ha reiterado que la agencia mantiene una política de “tolerancia cero” frente al fraude en los procesos de naturalización y que solo se persiguen los casos que estén respaldados por evidencia creíble.
Las autoridades han subrayado que la desnaturalización requiere de un proceso judicial completo, lo que significa que no puede ejecutarse de manera unilateral por el Poder Ejecutivo.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) también ha señalado que sus abogados deben priorizar este tipo de litigios, enfocándose en casos de personas que representen riesgos para la seguridad nacional, que hayan cometido crímenes de guerra, fraude significativo contra el gobierno o que pertenezcan a organizaciones terroristas.
Además, se contempla una cláusula amplia que permite evaluar otros casos considerados de especial relevancia. En paralelo, la administración ha impulsado otras medidas migratorias, como la revisión de visas, acciones para revocar ciertos estatus legales y el fortalecimiento de operativos de control migratorio en diversas ciudades.
Estos esfuerzos forman parte de un enfoque más amplio para restringir la inmigración y garantizar que los individuos que obtienen la ciudadanía estadounidense, no lo hagan de manera fraudulenta o con intenciones que comprometan la seguridad nacional.
El debate también se ha centrado en la ciudadanía por derecho de nacimiento, garantizada por la Enmienda 14 de la Constitución de EEUU, que Trump ha cuestionado públicamente. Este tema está siendo objeto de análisis judicial, y la Corte Suprema podría tener un papel decisivo en la interpretación futura de esta cláusula.
Expertos legales indican que el proceso de desnaturalización es complejo y puede prolongarse durante años, ya que requiere pruebas claras de fraude deliberado en el momento de la solicitud original.
Aunque un tribunal pueda revocar la ciudadanía, cualquier procedimiento posterior de deportación es independiente y también debe pasar por su propio proceso judicial.
Exfuncionarios del USCIS y analistas en política migratoria coinciden en que la desnaturalización ha sido una herramienta excepcional, utilizada principalmente en casos graves.
