El gobierno de Estados Unidos ha sancionado por primera vez al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el cuarto aniversario de las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, que dejaron más de 1.400 detenidos en su momento.
La medida, que también afecta a otros altos funcionarios del régimen cubano, prohíbe su entrada a territorio estadounidense.
El secretario de Estado, Marco Rubio, emitió un comunicado en el que informó sobre la designación de Díaz-Canel y otros “líderes clave del régimen” bajo la “Sección 7031(c)”, debido a su involucramiento en graves violaciones a los derechos humanos. Esta sanción implica un veto de entrada a Estados Unidos para el mandatario cubano, el ministro de Defensa Álvaro López Miera y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, así como sus familias.
La decisión de Estados Unidos responde a la represión violenta de las protestas del 11 de julio de 2021, que desataron una ola de manifestaciones pacíficas en varias ciudades de Cuba. Según el Departamento de Estado, miles de cubanos salieron a las calles exigiendo un futuro libre de la “tiranía”, mientras que el gobierno cubano respondió con violencia y detenciones injustificadas.
A pesar de que muchos manifestantes fueron liberados, más de 700 continúan en prisión, sometidos a torturas y abusos, según reportes de organizaciones de derechos humanos.
El comunicado del Departamento de Estado resalta la gravedad de las violaciones cometidas por el régimen cubano durante y después de las protestas, destacando que la represión fue dirigida principalmente contra los opositores pacíficos que exigían cambios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales.
Cuba, por su parte, ha desestimado las sanciones impuestas por Estados Unidos. En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, denunció a través de la red social X que Washington no tiene la capacidad de “doblegar” al pueblo cubano ni a sus dirigentes.
Rodríguez fiel a su discurso tradicional, calificó las medidas como parte de una “guerra económica prolongada y despiadada” contra Cuba, y aseguró que la política estadounidense no logrará su objetivo.
Estas sanciones se suman a las restricciones impuestas durante el gobierno de Donald Trump, que incluyen la prohibición de visados a numerosos funcionarios judiciales y de prisiones acusados de ser cómplices en las detenciones y torturas de los manifestantes del 11 de julio de 2021.
Además, la Casa Blanca ha incluido 11 hoteles en la lista de propiedades restringidas en Cuba, vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un consorcio controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.
El hotel Torre K, de 42 pisos, se encuentra entre las propiedades ahora sancionadas, como parte de un esfuerzo por evitar que los fondos provenientes de Estados Unidos lleguen a manos de “represores corruptos”, según un memorando firmado por el presidente Biden el pasado 30 de junio.
Este memorando también incluye nuevas restricciones en las transacciones financieras con entidades controladas por el gobierno cubano, como GAESA, y reafirma la prohibición de turismo estadounidense hacia Cuba.
La sanción a Díaz-Canel y la ampliación de las restricciones coinciden con el cuarto aniversario de las masivas protestas del 11 de julio de 2021, motivadas por la grave crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19, la escasez de alimentos y medicinas, reflejan el creciente malestar de la población cubana hacia el régimen.
