El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha propuesto una nueva normativa que obliga a los solicitantes de varios trámites migratorios a proporcionar sus redes sociales.
La medida, que estará abierta a comentarios hasta el 16 de octubre, afectará a más de 3 millones de personas, según datos oficiales del USCIS. Los ciudadanos pueden objetar la medida a través de la página web www.regulation.gov, utilizando el número de expediente USCIS-2025-0003.
Las autoridades aseguran que si entra en vigor sería muy positivo para la Seguridad Nacional de EEUU, pues tiene como objetivo fortalecer el proceso de verificación de identidad.
Trámites de inmigración afectados por la nueva normativa
La normativa propuesta por USCIS afectará a varios trámites clave de inmigración, que incluyen solicitudes de naturalización, asilo y residencia permanente, entre otros. Los solicitantes deberán proporcionar sus identificadores de redes sociales en los siguientes formularios:
- N-400: Solicitud de naturalización
- I-131: Solicitud de documento de viaje
- I-192: Solicitud de permiso anticipado de entrada como no inmigrante
- I-485: Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus
- I-589: Solicitud de asilo y suspensión de deportación
- I-590: Registro para la clasificación como refugiado
- I-730: Petición de familiar de refugiado/asilado
- I-751: Petición para eliminar las condiciones de la residencia
- I-829: Petición de un inversionista para eliminar las condiciones de la residencia permanente
La inclusión de las redes sociales en los trámites migratorios ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad de los solicitantes. El hecho de que las redes sociales de los inmigrantes puedan ser vistas como un criterio para decidir sobre su futuro en el país ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos civiles.
Las sugerencias presentadas en el periodo de consulta serán evaluadas y podrían llevar a modificaciones de la norma, aunque, por el momento, el gobierno defiende la medida como una herramienta para mejorar la seguridad nacional.
La obsesión de la administración de Donald Trump con el control de las redes sociales de los inmigrantes no es nueva. Desde junio pasado, el Departamento de Estado pidió a los funcionarios consulares que supervisaran las publicaciones de los solicitantes de visa de estudiante para detectar cualquier contenido hostil hacia EEUU. El memorándum firmado por el secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, ya está en vigor.
Sin embargo, el escrutinio no se limita a los trámites de visa. Algunos turistas que han visitado Estados Unidos en los últimos meses también han sido objeto de revisiones rigurosas en los aeropuertos. Hay reportes de que las autoridades de inmigración han cateado sus teléfonos celulares y computadoras portátiles.
Un incidente reciente involucró a un científico francés, quien fue expulsado del país tras ser hallado con información sensible sobre el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Sin embargo, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional negó que la causa de su expulsión fuera sus opiniones políticas.
Revocan la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro
Estados Unidos le revocó la visa al presidente colombiano Gustavo Petro, tras sus declaraciones en una manifestación pro-palestina en Nueva York, el 26 de septiembre de 2025. Durante la protesta, Petro, acompañado por el músico Roger Waters, instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de su presidente, Donald Trump, en relación con la guerra en Gaza.
Además, propuso la creación de una fuerza internacional para proteger a los palestinos, lo que fue considerado por EEUU como una postura “imprudente e incendiaria”.
Petro ha sido crítico con las políticas de EEUU desde que asumió la presidencia, especialmente en temas de lucha contra las drogas y migración. Aunque la medida fue polémica, Petro minimizó su impacto, destacando que tiene pasaporte italiano y se considera un “ciudadano libre del mundo”. Además, cuestionó la legalidad de la revocación, alegando que viola la inmunidad diplomática de los jefes de Estado.
