Familias asturianas buscan recuperar bienes confiscados por Fidel Castro

Cerca de 74 familias asturianas, cuyos ancestros residieron en Cuba, han solicitado los servicios de 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales (CRP), una entidad con sede en Barcelona, Madrid y Miami, para rescatar los bienes expropiados por el régimen de Fidel Castro después de 1959. 

Actualmente, CRP representa los intereses de 420 clientes, lo que supone un total de 3.304 activos patrimoniales. Mientras que las familias asturianas simbolizan un el 17.6 por ciento de la muestra, con 350 propiedades, que incluyen desde casas hasta fábricas, industrias, negocios, tierras o explotaciones agrícolas. 

El Gobierno español, a diferencia de Washington, no ha puesto empeños en recuperar los bienes nacionalizados por el castrismo.

En 1986, la administración de Felipe González acordó con Cuba una serie de indemnizaciones bajo la Ley 19/1990. La normativa estipulaba que España no podía “presentar ni mantener ante Cuba o ante instancia arbitral o judicial posibles reivindicaciones de españoles relativas a los bienes recogidos”. 

¿Aún quedan esperanzas?

Sin embargo, según especialistas de la CRP, aquellos que no se acogieron al convenio o cobraron por el mismo aún tienen derecho de reclamar el 80 por ciento del valor de los bienes expropiados. 

“Se considera que como muy máximo la indemnización pagada no llegaba al 20% del valor de dichas propiedades”, explican. 

Hoy en día, existe un grupo de propietarios que conservan los títulos originales de los bienes. Otros, lamentablemente, no pudieron sacarlos a tiempo de la Isla después del triunfo de la “Revolución” o fueron impedidos.

También se cuenta con la presencia de una minoría que hizo entrega de sus documentos en la embajada de España en La Habana y siguen sin poder recuperarlos. 

Con un equipo multidisciplinario -conformado por consultores, juristas y documentalistas- la CRP asegura que existen “vías” para dar soluciones a los más de 3 mil casos. Sobre todo, después de diciembre de 2014, cuando comenzó a acelerarse la normalización de las relaciones internacionales con Cuba y la liberalización del mercado.

Título III de la Ley Helms-Burton y Venezuela 

De forma simultánea, está la reciente activación del Título III de la Ley Helms-Burton, por parte de la administración de Donald Trump. La aplicación de dicha medida podría presionar aún más al Gobierno cubano y a las  empresas internacionales.

La legislación permite demandar en tribunales norteamericanos a compañías extranjeras que trafiquen con propiedades confiscadas por el régimen de Castro. La cláusula se ha suspendido sistemáticamente cada seis meses por 23 años, bajo el argumento de proteger los intereses nacionales de Estados Unidos.

A todo ello, habría que adicionarle la actual crisis que afronta el chavismo en Venezuela, principal aliado político y comercial de la Isla. 

“Si al final hay un cambio de gobierno en Venezuela, el régimen en Cuba caerá o tendrán que hacer cambios muy profundos, uno de los cuales será el de solucionar todo lo que tiene que ver con las propiedades confiscadas”, añaden. 

Con información de Europa Press