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Familia en Miami demanda a banco francés por $792 millones bajo Ley Helms-Burton
Herederos del Banco Núñez, propiedad confiscada en 1960, presentaron el miércoles una demanda contra la Société Générale
El pasado miércoles, los 14 nietos de Carlos y Pura Núñez, antiguos dueños del Banco Núñez, presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Miami contra el banco francés Société Générale (SOGN.PA) bajo los preceptos del título III de la Ley Helms-Burton.
De acuerdo con Javier López, abogado de la familia, la entidad francesa supuestamente «traficaba» con propiedad expropiada por el régimen de Fidel Castro. Este es el primer caso que se presenta contra un banco tras la reactivación, por parte de la administración de Donald Trump, de la normativa en abril.
El Banco Núñez, confiscado en 1960 por el régimen castrista, tenía en su poder 22 sucursales. En 1958 controlaba 105 millones de dólares en activos y estaba valorado en cerca de 8 millones de dólares.
“Las víctimas del régimen cubano a quienes se les confiscaron sus propiedades ahora tienen un vehículo para obtener justicia», declaró López, miembro del bufete Kozyak Tropin & Throckmorton. «Tenemos varias instituciones financieras a las que estamos apuntando».
La demanda se presenta ocho meses después de que la Société Générale aceptara pagar la exorbitante cifra de 1.34 mil millones de dólares por violar las leyes del embargo contra la Isla. Al parecer, el banco francés realizaba transacciones financieras relacionadas con Cuba y otros países sancionados por Washington.
La familia Núñez ha asegurado que, entre el año 2000 y 2010, la Société Générale generó cientos de millones de dólares en honorarios al prestar dinero y procesar transacciones para el Banco Nacional de Cuba.
Por tanto, los 14 nietos de Carlos y Pura Núñez esperan una compensación de casi 792 millones de dólares, más el 6% de interés anual y otros valores agregados por daños triples. Todo ello, según lo estipulado en la Ley Helms-Burton.
El capítulo III de la legislación permite demandar en tribunales norteamericanos a compañías extranjeras que trafiquen con propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro después de 1959. La cláusula se había suspendido sistemáticamente cada seis meses durante 23 años, bajo el argumento de proteger los intereses nacionales de Estados Unidos.
Sin embargo, luego de años de inactividad, el Gobierno de Donald Trump cambió las reglas del juego, acortando los aplazamientos a dos semanas. El último plazo se venció el pasado primero de mayo.
Con información de Reuters
