Fiscalía de La Habana pide 20 años de prisión para activista del MONR por el 11J

Cubanos en La Güinera, La Habana, durante las protestas del 11J. (Collage de referencia: LA Real Flöw Queen – Facebook)

La Fiscalía Provincial de La Habana pidió una pena de 20 años de prisión para el activista Eduardo Álvarez Rigal, integrante del Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR), por salir a protestar durante el levantamiento social del 11J en la zona de La Guïnera, una de las más pobres de la capital.

La madre del opositor, Ismary Rigal, dijo a Radio Televisión Martí que considera injusta y exagerada la sentencia que piden las autoridades para él, solo por haber expresado su opinión el pasado 12 de julio.

“Mi hijo salió con la manifestación y el 21 de julio se lo llevaron. Se le fugó dos veces a la Policía. Yo lo que no estoy de acuerdo que por expresar sus ideas y por tirar piedras le echen 20 años”, indicó Rigal.

“¿Si en el mundo entero dicen que hay libre expresión por qué aquí en Cuba no la hay?”, cuestionó.

La Güinera fue el lugar donde se registró la única víctima mortal del enfrentamiento entre la ciudadanía y las autoridades. Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, fue asesinado por un policía el pasado 12 de julio, al recibir un disparo por la espalda.

La ONG Human Rights Watch (HRW) y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) han recalcado que a la fecha nadie ha sido juzgado por ese crimen.

La versión oficial culpa a los manifestantes en La Güinera de alterar el orden e intentar dirigirse hacia la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del territorio, para “agredir a sus efectivos y dañar la instalación”.

No obstante, este argumento carece de solidez y sigue dejando en evidencia la violenta respuesta de las autoridades: responder con armas de fuego a civiles desarmados.

Álvarez Rigal está acusado de “sedición y otros actos contra la seguridad del Estado”, además del delito de “evasión”, aunque reconoce que no tiene antecedentes penales.

La Fiscalía resalta en su caso que Álvarez “en su comunidad no participa en las actividades convocadas por las organizaciones políticas y de masas”, y que “ha sido persona de interés policial por estar involucrado en indisciplinas sociales y procesadas por varios hechos delictivos”.

“Mi hijo no merece esa condena ni ninguna, si en otros países la gente se manifiesta y los cogen y los sueltan a las 72 horas. Él estaba defendiendo sus ideales, esos son sus derechos”, recalcó la madre.

“A muchas madres a las que a los hijos le están echando muchos años les estoy diciendo que tenemos que ir a 15 y K [Dirección General de Cárceles y Prisiones], a la Plaza de la Revolución. Me responden que las van a meter presas, pero si nosotras las madres no hacemos nada, que la ‘súplica de madre’ en el mundo entero se oiga, ¿qué vamos a hacer, quedarnos con los brazos cruzados?”, planteó Ismary Rigal.

De acuerdo con las Conclusiones provisionales del órgano acusatorio en el Expediente de Fase Preparatoria número 145C-21, son 23 las personas acusadas con peticiones fiscales de entre 15 y 27 años de privación de libertad.

“Inconformes con el desempeño de las autoridades, se armaron en el lugar de piedras, botellas de cristal y de forma no precisada se hicieron de gasolina y tela, con las que confeccionaron botellas incendiarias (cocteles molotov), las cuales arrojaron contra los efectivos del Ministerio del Interior, quienes realizaron un cordón de contención con el propósito de disgregar a la muchedumbre y evitar su avance, mientras los acusados con la firme convicción de lograr sus propósitos, mantuvieron su actuar violento, poniendo en peligro la vida de los oficiales y de otras personas que pudieran encontrarse próximo al lugar, así como interfirieron el tránsito vehicular y de peatones”, afirman las Conclusiones del Estado.