El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el traslado a otras prisiones de las personas detenidas en el centro migratorio Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, informó Telemundo 51.
La movilización de los migrantes ocurre después de que la jueza federal Kathleen Williams dictara una orden de cierre de la instalación, inaugurada en julio pasado como parte de la estricta política migratoria del presidente Donald Trump.
Aunque se encuentran en disposición de cumplir el fallo de la magistrada, las autoridades federales se mantienen firmes en defender el funcionamiento del centro, que llegó a albergar alrededor de 1.000 migrantes.
“El lugar estaba limpio, bien mantenido y con buena comida, mejor que lo que tienen muchos ciudadanos estadounidenses”, comentó el “zar de la frontera” Tom Homan, encargado de la deportación de migrantes en la actual administración republicana.
Williams emitió su fallo basándose en una denuncia presentada por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee, quienes argumentaron que la construcción del centro viola las leyes ambientales federales y amenazaba los hábitats del pantano al sur de Florida.
Al emitir una primera suspensión, la jueza prohibió actividades como el relleno de terreno, la pavimentación, la instalación de nueva infraestructura y la colocación de luminarias adicionales en el sitio.
Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida, informó a través de correos electrónicos, obtenidos por AP, que el número de detenidos en la instalación ha disminuido drásticamente, pasando de alrededor de 1.000 a entre 300 y 350 personas.
Algunos migrantes cubanos han sido parte de los detenidos en el referido lugar. Uno de ellos, identificado como Jesús Martínez, denunció el maltrato y la falta de condiciones apropiadas para la reclusión de personas.
“Los baños se desbordan, se llena el piso de excremento, nos sacan a comer cuando les da la gana, nos sacan a comer lo mismo a las nueve que a las doce de la noche, nos tratan como perros”, declaró el antillano a mediados de julio.
El gobierno federal tiene en planes presentar una apelación en los tribunales para evitar el cierre definitivo. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que la impugnación se presentará, mientras cumple con suspender la recepción de nuevos detenidos y retirar la infraestructura añadida.
El analista político Alex Penelas, en entrevista con Telemundo 51, explicó que, por el momento, el gobierno de Donald Trump no ha presentado nuevas evidencias que justificaran la reversión del fallo. “Hay otros lugares, otros centros de detención donde se puede llevar a cabo la política del presidente”, comentó.
Mientras tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado planes para abrir una nueva instalación de detención en el norte del estado, conocida como el “Depósito de Deportación” en la Institución Correccional de Baker.
Con una capacidad inicial de 1.300 personas y la posibilidad de expandirse a 2.000, esta nueva instalación está destinada a satisfacer la creciente demanda de espacio para los migrantes detenidos, según DeSantis.
El republicano ha expresado que esta medida es esencial para cumplir con los objetivos migratorios del gobierno federal, especialmente en un contexto de creciente presión sobre los centros de detención a lo largo del país.
