La ONG Foro Penal denunció que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha incrementado la cifra de presos políticos de manera alarmante tras las elecciones del 28 de julio, consideradas fraudulentas por la oposición y gobiernos de la región, inclusive de izquierda.
Según la organización, la administración chavista ahora suman 1.905 los ciudadanos privados de libertad por razones políticas en el país, superando incluso la cifra detectada en Cuba, unos 1.100 presos políticos.
El día posterior a las elecciones, el 29 de julio, se registraron 1.767 arrestos, la mayoría de ellos relacionados con las primeras protestas que estallaron contra los resultados anunciados por el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE), oficina que a la fecha no ha presentado las actas que acreditan esta victoria.
La cifra actual de dicho tipo de convictos representa un incremento de seis veces respecto a los 301 que había antes de los comicios. Este aumento en la represión política marca un hito en los 25 años de la denominada “revolución bolivariana”, y se encuentra a la par de una desacreditación generalizada hacia la presidencia de Nicolás Maduro.
Entre los detenidos se encuentran líderes clave, como el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, acusado de una presunta corrupción, además de decenas de activistas, responsables electorales, periodistas y dirigentes de la sociedad civil.
El partido opositor Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, es uno de los más afectados, con 44 militantes detenidos, entre ellos toda su dirección nacional. Magalli Meda, jefa del comando de Machado, informó que ella misma se encuentra asilada en la Embajada de Argentina en Caracas junto a otros cinco dirigentes.
Además, otros partidos como Primero Justicia, Voluntad Popular, Encuentro Ciudadano y Acción Democrática también han sufrido detenciones masivas de sus militantes. La ONG Provea informó que al menos 25 personas han sido asesinadas durante las protestas poselectorales, en su mayoría por la represión de las fuerzas de seguridad del Estado.
El régimen, por su parte, ha culpado a los manifestantes de actos de “vandalismo y violencia” en sedes públicas, mientras que la oposición denuncia una brutal represión estatal.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que los presos políticos recluidos en cárceles de máxima seguridad enfrentan condiciones de vida deplorables, con una alimentación “deficiente” y acceso limitado al agua, lo que ha provocado casos de desnutrición entre los detenidos.
Por otro lado, la ONG Espacio Público documentó más de 20 violaciones a la libertad de expresión en septiembre, incluyendo censura, hostigamiento y restricciones administrativas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también denunció el cierre del Diario La Voz, tras una orden del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), por supuestas irregularidades fiscales.
