Gobierno español aclara por qué no ayuda al preso político de nacionalidad española encarcelado en Holguín

Mario Josué Prieto fue arrestado en Holguín tras las protestas del 11J y condenado a 12 años de prisión por el delito de sedición. (Foto: Observatorio Cubano de Derechos Humanos)

Tras meses de pedir al Gobierno español que se pronunciara sobre Mario Josué Prieto, un español preso político que permanece en cárceles antillanas, finalmente la instancia ha revelado que no puede intervenir porque el joven mantiene también su nacionalidad cubana.

Prieto fue encarcelado por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y condenado a 12 años de prisión por el delito de sedición, por lo que sus familiares han recurrido a las instituciones del país europeo para que intercedan en el asunto.

Los padres del manifestante habían enviado en septiembre una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo cual logró que el Partido Popular (PP) se interesara en el caso y el gobierno prestara alguna ayuda para lograr una mediación ante los tribunales cubanos.

Sin embargo, la institución gubernamental refirió que, tanto la Embajada como el Consulado español en La Habana «han venido siguiendo el caso», además de llevar a cabo algunas gestiones ante las autoridades cubanas «para aliviar su situación penitenciaria», refirió el medio Europa Press.

Paralelamente a esto, indicaron que Mario Josué mantiene su ciudadanía cubana, por lo cual «no es posible prestar la habitual asistencia al detenido», brindada normalmente a los españoles encarcelados en el extranjero.

Este particular se encuentra respaldado por el artículo 36 de la Constitución de la Isla, el cual establece que «los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en territorio nacional (…) no pueden hacer uso de una nacionalidad extranjera», aseguró el diplomático en su respuesta.

Sin embargo, sí aseguró que la instancia de La Habana se mantiene “en contacto con la familia» de Prieto, quien residía en los Estados Unidos y quedó varado en la Isla durante una visita a la Isla al iniciar el confinamiento por la pandemia, en marzo de 2020.

Al producirse el estallido social del 11J, el muchacho participó en las protestas ocurridas en Holguín, donde fue detenido y puesto en libertad dos días más tarde. Sin embargo, fuerzas represoras lo arrestaron nuevamente el 23 de julio de 2021 y fue condenado a 12 años de cárcel.

Una de las instancias que también ha abogado por este caso, ha sido el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). La ONG envió al gobierno en septiembre un informe jurídico de la situación de Mario Josué Prieto, a quien define como «preso político».

En el documento se detalla que, al analizar la sentencia emitida, nunca se demostró el delito de sedición por el cual está imputado, así como “no se respetó el principio o garantía de que las personas deben ser juzgadas por un juez natural y no por tribunales o salas de excepción”.

El documento aclara que tampoco se tuvo en cuenta el estado de salud del detenido, quien es paciente psiquiátrico y ha intentado tres suicidios, el último de ellos en el hospital en el cual permanece recluido en Holguín, según confirmó su madre a medios de prensa.

Por tal motivo, el OCDH considera que la “presión de España” puede ser determinante en este caso, pues el hecho de que las autoridades cubanas estén aplicando el «principio de ciudadanía efectiva”, no es impedimento para que las autoridades del país europeo intervengan, ya que «se han cometido errores jurídicos evidentes y se trata de una situación grave y humanitaria, con peligro para la vida del ciudadano español».