Gobierno español responde a cuestionamientos sobre la venta de armas a Cuba

España vendió armas al gobierno cubano antes de las protestas masivas del pasado 11 de julio. (Foto: Abraham Jiménez Enoa – Twitter)

Ante los cuestionamientos del partido VOX por la exportación de material antidisturbios a Cuba, el gobierno español respondió que esta venta se realizó bajo un control minucioso y aplicándose los parámetros contenidos en el Tratado Sobre Comercios de Armas.

El partido de derecha formuló una serie de preguntas sobre esta situación, debido a que la operación se concretó poco antes de las protestas masivas que se vivieron en la Isla el pasado 11 de julio, las cuales fueron brutalmente reprimidas.

En una breve respuesta escrita, revelada por Europa Press, la administración de Pedro Sánchez menciona que se autorizó una venta de material antidisturbios por valor de 350.000 euros y otros 746.478 euros para equipo de defensa.

En la respuesta también se menciona que se respetaron ocho criterios de la Posición Común 2008/944/PESC, del 8 de diciembre, y el Documento OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras, del 24 de octubre de 2000.

VOX también refiere en sus preguntas que la Mayor de las Antillas se ha convertido en el segundo país del mundo en recibir armamento desde España. Asimismo, se indica que el destinatario final de este equipamiento es la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

En los cuestionamientos se detalla que el gobierno ibérico ha dotado al régimen castrista con fusiles, revólveres, pistolas, ametralladoras, silenciadores, cargadores, visores ópticos y municiones.

“Resulta paradójico que el Ejecutivo español autorice estas exportaciones a un país que ofrece un modelo de regímenes como el de Nicaragua y Venezuela, y que son utilizadas para reprimir a su propia población”, dice el documento de preguntas de VOX.

El 11 de julio de 2021, se desataron protestas masivas en todo el país caribeño con la participación de miles de cubanos, que tomaron las calles exigiendo respeto a los derechos humanos, mayores libertades y un sistema democrático.

El presidente Miguel Díaz-Canel, en vez de asumir una posición conciliadora ante el disgusto de la población, hizo un “llamado al combate”, lo que desató una fuerte represión contra los manifestantes.

Aunque el régimen cortó el servicio de internet, varios usuarios desde la Isla lograron subir a las redes sociales imágenes de policías uniformados y otros vestidos de civiles atacando a las protestas con diferentes tipos de armamento.

Prisoners Defenders detalló en su más reciente informe que en las cárceles del castrismo existen más de mil presos políticos, la mayoría son cubanos que participaron en el estallido social.

A través de juicios sumarios, el gobierno comunista procesó a los convictos de conciencia, acusándolos de delitos como “desacato”, “desórdenes públicos”, “atentado”, “sedición” y “propagación de epidemia”, entre otros.