Un migrante acudió a realizar un trámite de petición familiar en una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Charlotte, Carolina del Norte, sin sospechar que, tras más de 25 años en Estados Unidos, ese sería el momento para que lo detuvieran.
Según un comunicado oficial de USCIS, en el sistema apareció que el ciudadano salvadoreño tenía una orden de deportación activa de hace un cuarto de siglo. Así le ha pasado también a migrantes cubanos, por lo cual el temor es creciente.
De inmediato llamaron a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que se lo llevaran detenido. El episodio muestra cómo un trámite migratorio rutinario puede terminar en detención inmediata bajo el nuevo enfoque de control aplicado por la administración de Donald Trump.
USCIS utilizó el caso para enviar un mensaje directo en redes sociales. La agencia sostuvo que las órdenes de remoción pendientes no superarán los procedimientos de verificación y escrutinio reforzados por el actual gobierno.
También recalcó que, cuando un juez ordena la expulsión, la ley será aplicada, sin importar el tiempo transcurrido desde la emisión de esa decisión.
Desde septiembre de 2025, USCIS fue autorizada a crear agentes especiales con facultades para arrestar, portar armas y ejecutar órdenes judiciales. Ese cambio modificó la función tradicional de la agencia, que durante años estuvo centrada en procesar beneficios migratorios legales.
Organizaciones especializadas estiman que 1,5 millones de personas no ciudadanas en EEUU tienen órdenes de remoción pendientes, lo que las convierte en posibles objetivos en cualquier interacción con agencias federales.
Crece el temor por deportaciones a terceros países
Con los planes de la administración republicana de deportar a 3.000 migrantes al día, crece la posibilidad de ser deportados a un país distinto al de origen. Aunque lo habitual sigue siendo la expulsión al país natal, EEUU mantiene acuerdos con varios Estados para aceptar a personas deportadas que no son sus ciudadanos.
Hasta abril de 2026, la lista incluye naciones de América Latina, África, el Caribe, Europa y otras regiones.
Entre los países figuran El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Ecuador, Belice, Guyana, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, así como Cabo Verde, Camerún, Ghana, Uganda, Uzbekistán, Ruanda, Libia, Liberia, Kosovo y otros.
El gobierno estadounidense intenta enviar a algunos inmigrantes a terceros países incluso cuando han obtenido retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura, o cuando resulta difícil devolverlos a su país de origen.
Ante esa posibilidad, se recomienda a los detenidos expresar su temor ante oficiales migratorios, buscar asesoría legal y conocer los mecanismos para solicitar la liberación, mientras una demanda judicial intenta frenar esta política.
