Hace seis años los médicos cubanos Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández fueron secuestrados en Mandera, Kenia. A la fecha, la información sobre ellos es contradictoria, mientras algunos informes afirman su muerte, otros sugieren que podrían estar vivos, posiblemente retenidos en alguna zona fronteriza de Somalia.
Los galenos fueron privados de su libertad cuando se dirigían a su centro laboral como parte de una misión de salud del gobierno cubano. Un comando yihadista Al-Shabab interceptó a tiros el vehículo en el que eran movilizados los doctores, cuyo guardaespaldas murió a causa de varios impactos de bala.
Los primeros reportes señalaron que Herrera Correa y Rodríguez Hernández fueron llevados a Somalia para atender milicianos dicha organización extremista. Las autoridades cubanas realizaban publicaciones en redes sociales para asegurar que atendían la situación, pero en los últimos meses han mantenido un silencio absoluto.
La disminución de declaraciones comenzó cuando los captores aseguraron que los médicos fallecieron el 17 de febrero de 2024, a causa de un ataque de drones del Comando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM).
Un mes después, tras una visita oficial a Kenia del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, el régimen castrista indicó que los datos sobre los doctores eran “escasos y contradictorios”.
En abril de 2024, cuando se cumplía el quinto aniversario del secuestro, el régimen acusó EEUU de no colaborar para saber si continuaban con vida. “No ha sido posible obtener información ni evidencias que permitan llegar a conclusiones definitivas y esclarecer la situación de Assel y de Landy, si permanecen con vida o confirmar la triste noticia divulgada el 17 de febrero”, declaró el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Padilla.
El último pronunciamiento público de las autoridades cubanas sobre el caso fue en junio de 2024, cuando el canciller cubano volvió a responsabilizar a EEUU por no proporcionar información sobre los supuestos ataques de drones.
Herrera Correa y Rodríguez Hernández, fueron enviados a trabajar en áreas peligrosas como Mandera, una región fronteriza con Somalia que, según reportes, ha sido escenario de múltiples secuestros y ataques terroristas por parte de Al-Shabab. No fue sino hasta después del secuestro que el régimen cubano decidió trasladar a los demás médicos a zonas más seguras dentro de Kenia, evidenciando la falta de previsión y medidas de seguridad en la asignación de personal.
Este caso también plantea interrogantes sobre las compensaciones y los beneficios que las familias de los galenos podrían recibir en caso de su muerte. Los contratos firmados entre La Habana y los países receptores de médicos cubanos, como Kenia, no son transparentes y no ofrecen una visión clara de las indemnizaciones o seguros que podrían corresponder a las familias.
En los contratos individuales, que han sido compartidos con medios como Diario de Cuba, se mencionan solo los gastos funerarios, de repatriación y de acompañante, pero no se especifica si los médicos tienen derecho a un seguro de vida adecuado.
En cuanto a las pensiones por fallecimiento, el régimen cubano podría recurrir a una excepción legal para otorgar los beneficios a las viudas y los hijos menores de los médicos, sin necesidad de esperar tres años sin información sobre su paradero, como establece el Código Civil. Esta posibilidad se sustenta en la Ley de Seguridad Social, que prevé que en situaciones de calamidad pública o conflicto armado, se pueda proceder al pago de pensiones inmediatamente.
