Jueza federal solicita a Trump una modificación a su estrategia de deportación de migrantes

Donald Trump aplica la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos pandilleros a una cárcel de El Salvador. (Captura de pantalla © El País – YouTube)

La jueza federal Charlotte N. Sweeney del Distrito de Colorado, solicitó al gobierno de Donald Trump modificar su estrategia de deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, informó El País.

El fallo de la magistrada señala que las autoridades encargadas de la detención y deportación de migrantes deben notificar a los detenidos con 21 días de antelación antes de su expulsión, tiempo suficiente para ejercer el derecho de impugnación ante el proceso de repatriación.

Dicha normativa, invocada por la actual administración republicana y creada en el siglo XVIII, sirve para la expulsión de extranjeros sin juicio previo en tiempos de conflicto bélico, la última vez que fue utilizada ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial.

El gobierno de Trump ha vuelto a implementarla para procurar la deportación de los presuntos miembros del Tren de Aragua, una banda delictiva originada en una cárcel de Venezuela que se ha expandido en el continente americano.

La jueza Sweeney cuestionó la validez de esta medida, argumentando que la ley fue concebida para contextos bélicos, no para grupos criminales. El fallo subraya que la definición de “invasión” no se ajusta al contexto de un grupo criminal, sino a acciones militares en tiempos de guerra.

Además, destaca que no existe evidencia de que el Tren de Aragua actúe como un gobierno extranjero, y que el vínculo con el régimen de Nicolás Maduro es puramente especulativo. La magistrada también criticó las notificaciones que se daban únicamente en inglés, sin explicación clara sobre los derechos legales de los detenidos para impugnar su deportación.

El caso de dos venezolanos impulsó esta decisión judicial. Ambos, detenidos en Colorado, enfrentaban deportación sin un proceso judicial debido a su vinculación con el Tren de Aragua. El primero fue arrestado en una fiesta asociada al grupo criminal, mientras que el segundo, quien huía de Venezuela tras la muerte de familiares, fue detenido por el ICE mientras solicitaba asilo.

La jueza evitó pronunciarse sobre la legalidad internacional de la proclamación, pero afirmó que las deportaciones sin garantías judiciales son inconstitucionales. Esta decisión podría ser apelada por el Departamento de Justicia, aunque podría convertirse en una protección judicial más amplia si se ratifica. Sweeney recordó que, incluso en contextos de seguridad nacional, el debido proceso debe garantizar oportunidades para impugnar la deportación.

El fallo representa un obstáculo para el plan de deportaciones masivas de Trump, pero no lo anula completamente. El gobierno puede continuar con las expulsiones bajo leyes migratorias tradicionales, como la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), mientras sigue el proceso judicial.

Los migrantes expulsados bajo esa normativa fueron trasladados a un centro de detención instalado en la base naval de Guantánamo. Desde este punto, han sido repatriados a Venezuela o enviados a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo.