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La CIDH otorgó medidas cautelares para cuatro periodistas cubanos

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La CIDH otorgó medidas cautelares para cuatro periodistas cubanos

La resolución otorgada por el organismo, responde a denuncias por amenazas, persecuciones e intimidación en contra de los reporteros de Diario de Cuba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó medidas cautelares a los periodistas, Manuel Alejandro León Velázquez, Osmel Ramírez Álvarez, y Adriana Zamora García, así como a sus familias, debido a que consideran que sus derechos e incluso su integridad física, se “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia».

En el caso de Adriana Zamora, la medida fue otorgada a su esposo y también periodista, Ernesto Carralero Burgos.

La resolución otorgada por el organismo, responde a la solicitud del Centro de Información Legal Cubalex, el cual denunció una serie de amenazas, persecuciones e intimidación en contra de los reporteros de Diario de Cuba.

La CIDH exigió al gobierno cubano, el adoptar, “las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal» de los periodistas. Además, que vigile las acciones de sus agentes represivos, «de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional […] En relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros».

También demandó que se realicen los arreglos necesarios para que los 4 periodistas, beneficiados con dichas medidas, «puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamientos, amenazas u otros hechos de violencia».

De acuerdo al organismo, para que estas acciones puedan realizarse, es necesario «investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar», y así «evitar su repetición».

En el reporte hecho por el organismo se detallan algunos de los atropellos de los que fueron víctimas.

En el caso de Manuel Alejandro León Velázquez y Osmel Ramírez Álvarez, ambos reporteros han sido detenidos en varias ocasiones, por plazos de hasta 72 horas, además han pasado por numerosos allanamientos a sus viviendas y equipo de trabajo confiscado, que hasta el momento no ha sido recuperado.

Asimismo, han sido amenazados con ser encarcelados, por delitos como “usurpación de capacidad legal”, “difusión de noticias falsas” y “propaganda enemiga”.

A Osmel Ramírez, incluso se le ha prohibido viajar al extranjero, desde 2017. Ambos reporteros han denunciado ataques y presiones a sus familias, para que estas intenten convencerlos de abandonar su labor periodística.

El matrimonio de Adriana Zamora y Ernesto Carralero, también sufrieron de abusos, en especial durante el embarazo de Zamora.

Integrantes del cuerpo de policía han amenazado de muerte a la mujer, e incluso a su bebe. La pareja no pudo acceder a su domicilio cuando la periodista se encontraba en el hospital para el nacimiento.

Ambos esposos han sido interrogados en varias ocasiones por su trabajo en Diario de Cuba. También han reportado que la Seguridad del Estado ha intentado presionarlos para que abandonen el país.

Carralero fue amenazado por agentes cubanos, quienes aseguraron que lo encerrarían por «peligrosidad predelictiva», o insinuado que debe cuidarse de “tener un accidente» o que «algún desconocido podría golpearlo cuando salga realizar su trabajo periodístico».

La CIDH considera estas amenazas «de especial seriedad».

La Comisión valoró la gravedad de la situación actual, teniendo en consideración la información proporcionada por su Relatoría Especial de Libertad de Expresión, organismo que «ha expresado su preocupación por la persecución sufrida por los periodistas en Cuba […] Incluyendo la criminalización de la crítica, la censura y bloqueo de información, vigilancias así como múltiples actos de hostigamiento y amenazas para amedrentar aquellos que expresen ideas críticas contra el Gobierno».

En el reporte se enlistaron algunas de las medidas tomadas por el régimen cubano para aumentar la represión en contra de periodistas, como son los arrestos, e interrogatorios que atentan la dignidad humana, en especial hacía mujeres reporteras, las detenciones de 72 horas, durante las cuales se restringe todo tipo de comunicación, la intimidación a los familiares de periodistas, el confiscar equipos de trabajo o material para publicar, y el prohibir las salidas del país.

La CIDH, considera que estas amenazas, «frecuentemente se reflejan en una persecución selectiva con abrir procesos penales a las y los periodistas bajo la figura penal de ‘usurpación de funciones’ y ‘usurpación de capacidad legal'».

Asimismo, la Comisión asegura  que «los hechos descritos sugieren que la situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, en vista de que guardaría relación con la actividad periodística que realizan […] Resulta necesario, de manera inmediata, adoptar medidas para salvaguardar sus derechos a la vida e integridad personal».

Con información de Diario de Cuba

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