Lubby Navarro, exintegrante de la Junta Escolar de Miami-Dade, fue condenada tras admitir que desvió cerca de 100.000 dólares en tarjetas de crédito del distrito escolar para costear compras personales, viajes de lujo y otros gastos ajenos a su función pública.
La exfuncionaria, de 50 años, se declaró culpable de un cargo de hurto mayor y deberá cumplir más de un año en una prisión estatal. El aspecto más llamativo del expediente no fue solo la condena, sino el uso concreto que se dio a recursos del sistema escolar.
Desde electrodomésticos hasta viajes y vientres falsos de embarazo
Según los investigadores, Navarro realizó un gasto de poco más de 92.000 dólares en compras efectuadas en establecimientos como Walmart, Home Depot, Brandsmart, TJ Maxx y GoDaddy.
A ese monto se sumaron otros 9.000 dólares en viajes. Entre ellos figuró un desplazamiento a República Dominicana junto a su madre y una estancia en el hotel Wynn de Las Vegas con su novio, además de visitas a Disney World para familiares y allegados.
Para la Fiscalía, esos desembolsos no tenían relación alguna con la gestión educativa del condado, sino que respondían exclusivamente a beneficios personales sufragados con dinero público.
La investigación también concluyó que parte de las compras terminó fuera de cualquier ámbito institucional. Electrodomésticos y equipos presuntamente adquiridos con fondos del distrito escolar fueron a parar al restaurante de su novio en Fort Lauderdale.
Entre ellos, un refrigerador comercial, un congelador tipo arcón, un enfriador de vino y una máquina de espresso. Además, se detectaron compras de equipos electrónicos, ropa, productos de salud y belleza, muebles, alimentos, artículos para el hogar y tarjetas de regalo.
Otro grupo de adquisiciones elevó aún más el perfil escandaloso del proceso. De acuerdo con los investigadores estatales, Navarro compró en Amazon dos vientres falsos de embarazo, confeccionados con silicona y algodón, con el presunto objetivo de convencer a una expareja de que esperaba un hijo suyo.
En el mismo contexto, también adquirió dispositivos de rastreo que luego colocó en el vehículo de su novio para seguir sus movimientos. Esos elementos, ajenos por completo a la actividad de un miembro de la Junta Escolar, fueron incluidos en una orden de detención de 98 páginas.
Después de ese año de prisión, la exfuncionaria enfrentará tres años de libertad condicional, período durante el cual no podrá ocupar cargos públicos. Asimismo, tendrá que devolver la totalidad del dinero malversado.
La investigación contra la cubana Lubby Navarro
El documento reflejó un patrón de gasto que, según las autoridades, se extendió durante meses sin ser detectado de inmediato. El caso abrió interrogantes sobre los mecanismos de supervisión internos y sobre cómo consumos de ese tipo lograron pasar por controles administrativos del distrito.
La investigación comenzó después de la renuncia de Navarro a finales de 2022. Al revisar los informes de gastos de su último mes en el cargo, surgieron discrepancias que llevaron a una auditoría más profunda que dio como resultado su arresto.
Tras la audiencia, la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle afirmó que los cargos públicos deben servir a la comunidad y no al beneficio financiero de quienes los ocupan. Su oficina destacó el trabajo de fiscales e investigadores anticorrupción para esclarecer un caso que, más allá del delito financiero, impactó la confianza pública en una institución encargada de velar por la educación.
