Alimentos básicos como la leche se encuentran entre los productos que más altos precios alcanzaron en febrero de 2022 en Cuba, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja la inflación, aumentó de manera acelerada un 0,9% el mes pasado, en comparación con enero de 2022, cuando creció un 0,15% respecto a diciembre de 2021.
La organización estatal, que no incluyó en su reporte los precios en el mercado informal, indicó que el IPC “se ubicó en 196,20 con respecto a la base (2010), la variación mensual es de 0,90 %, la variación acumulada de 1,05 % y una variación interanual de 23,03 %”.
Los tres sectores que más impactados se vieron fueron: “Transporte (32,67%); Restaurantes y Hoteles (29,70%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (25,05%)”. Por su parte, los mayores precios recayeron en productos básicos como el queso proceso (25,47%), la leche líquida (8,87%), el queso blanco (7,66%), la leche en polvo (6,64%), así como los servicios de bufete y cumpleaños (5,77%).
El pasado mes de febrero, Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, justificó la inflación en Cuba al asegurar que afecta incluso a “países del primer mundo”. Aseguró que la falta de arroz, frijoles, el aceite crudo, el refino, la soja, el trigo y el combustible en la Isla se deben al alto costo de estos en el mercado internacional.
Ante las numerosas críticas de los cubanos hacia sus directivos y el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la mayoría de las familias, intentó destacar el papel del Estado.
“Pese a la difícil situación con la que opera la economía, y a la escasez de divisas, el Estado sí ha intervenido en el control de los precios, centralizando los gravámenes de tarifas y servicios más sensibles en la vida cotidiana de la población, como electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y transporte público”.
Según reflejó la prensa oficialista en diciembre de 2021, en el mercado informal la inflación era de un 6 900 % y el crecimiento de los precios de las entidades estatales de un 222%. Lo anterior como resultado directo de la Tarea Ordenamiento, la cual ha dado “pie a una reacción en cadena que no parece tener fin”.