La congresista republicana María Elvira Salazar criticó la decisión de la administración de Donald Trump de suspender todos los trámites migratorios para una lista de 19 países, entre los que se incluyen Cuba, Venezuela y Haití. El distrito 27, por el que fue electa al congreso la cubanoamericana, tiene una mayoría de electores de estas comunidades latinas y caribeñas.
Salazar calificó de injusta la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alegando que es un “castigo colectivo” que afecta a todos los inmigrantes por su nacionalidad sin tener en cuenta a todos aquellos que han cumplido con la ley desde que llegaron a Estados Unidos realizando todos los procedimientos legales requeridos.
La decisión de suspender los trámites migratorios ante USCIS de todos los nacionales del listado de 19 países incluidos en la travel ban, firmada por Trump, se dio en respuesta al tiroteo ejecutado por un ciudadano afgano contra miembros de la Guardia Nacional.
La congresista cubanoamericana se salió de la disciplina partidista para criticar a la administración republicana. Ella puso por encima los intereses de sus votantes, que son los que la eligieron para ser representados en el Congreso. “Es un castigo colectivo de los inocentes por los pecados de los culpables”, dijo en una entrevista con el Miami Herald.
Cubanos, venezolanos y haitianos en el sur de la Florida se ven afectados por la suspensión de trámites de residencia permanente (green cards), reemplazos de tarjetas de residente, procesos de naturalización, proceso de asilo, permisos de viaje y otros trámites migratorios pendientes.
La decisión de suspender estos trámites no solo les genera inseguridad, sino que también agrava los retrasos que ya venían enfrentando. Salazar recordó que los inmigrantes en la región, que han esperado años en algunos casos, ahora se ven condenados a un limbo legal sin una fecha clara para la reanudación de sus procesos.
A pesar de las críticas, Salazar destacó que existen mecanismos de control, como los antecedentes penales y otros sistemas de seguridad nacional, que ya se aplican para evitar amenazas y garantizar la seguridad de EEUU.
La congresista argumentó que estos controles deben ser aplicados de manera más eficiente, en lugar de suspender los trámites para miles de inmigrantes que han cumplido con la ley.
La Ley Dignidad, presentada por Salazar en colaboración con un comité bipartidista, pretende regularizar a más de 11 millones de inmigrantes en EEUU. La vía sigue un largo proceso legal con cobro de contribuciones. Sin embargo, ni durante la administración Biden ni ahora con los propios republicanos, la propuesta ha avanzado en el poder legislativo.
