La congresista republicana María Elvira Salazar ha prometido que “muy pronto” se podría poner fin al caos del sistema migratorio de Estados Unidos por medio de una tercera vía: su proyecto de Ley Dignidad.
“Nos han dicho que solo hay dos salidas: amnistía o deportaciones masivas. Yo tengo una tercera: orden, ley y dignidad. La solución existe. Se llama Ley DIGNIDAD”, dijo la representante del distrito 27 de la Florida en el Congreso.
La normativa, un proyecto bipartidista, fue elaborada desde hace más de dos años, pero no ha pasado la primera votación. En la anterior administración los republicanos eran minoría en la Cámara de Representantes, pero desde enero de 2025 retomaron el control tanto del Senado como de la Cámara.
“Durante mucho tiempo, EEUU ha cerrado los ojos ante un sistema migratorio roto. Caos en la frontera. Millones viviendo en las sombras. Ya basta. La inacción no es opción”, añadió la cubanoamericana.
🚨 Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha cerrado los ojos ante un sistema migratorio roto.
Caos en la frontera. Millones viviendo en las sombras. Ya basta. La inacción no es opción.
Nos han dicho que solo hay dos salidas: amnistía o deportaciones masivas.
Yo tengo una… pic.twitter.com/M6X9GCIeAe— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) June 17, 2025
¿Qué plantea la Ley Dignidad?
El proyecto de ley plantea que los inmigrantes indocumentados puedan obtener un permiso de trabajo temporal por siete años, tras pagar una suma de 7.000 dólares en concepto de restitución.
Además, el dinero recaudado se destinaría tanto a mejorar la seguridad fronteriza como a compensar a los ciudadanos estadounidenses que consideran que los inmigrantes indocumentados les han desplazado del mercado laboral.
María Elvira Salazar ha defendido su proyecto como una solución realista, que no solo aborda el problema de la inmigración de manera firme, sino que también ofrece una oportunidad de redención a millones de personas que han vivido durante años en la sombra, en un limbo legal que les ha impedido acceder a servicios y derechos básicos.
Según Salazar, la Ley Dignidad no es una amnistía, sino un camino de dignidad para aquellos que han trabajado arduamente en EEUU. Ellos deben pagar una cuota durante varios años, pero a cambio recibirían el ansiado estatus legal.
La Ley Dignidad también incluye un componente de inversión masiva en seguridad fronteriza, con 35,000 millones de dólares destinados a mejorar la infraestructura fronteriza, incluyendo tecnología avanzada, drones, muros y más agentes de seguridad. Todo ese dinero saldría de la recaudación multimillonaria de los pagos de quienes sean elegibles para la Ley Dignidad.
Esta combinación de medidas de control estricto y una vía hacia la legalidad podría ser vista como un intento de balancear las demandas de los republicanos y demócratas, aunque ninguno de los bandos parece completamente satisfecho con la propuesta.
Sin embargo, la reciente comunicación de la congresista de que esto podría ser discutido “muy pronto” da algunas esperanzas de que se pudiera llegar a un acuerdo. Hace algunos meses, tras las primeras semanas de la presidencia de Donald Trump, Salazar dijo que su proyecto de ley estaba en el escritorio del mandatario republicano.
No obstante, los meses han pasado y desde la administración federal se siguen impulsando redadas para expulsar migrantes. El objetivo es cumplir la promesa de campaña de protagonizar la mayor deportación de la historia del país.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene la meta de arrestar hasta 3.000 migrantes diarios. La directiva, impulsada por el asesor presidencial Stephen Miller y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha triplicado las cuotas de arresto previas, que eran de aproximadamente 650 arrestos diarios.
Para cumplir con este objetivo, ICE ha ampliado sus tácticas de detención, incluyendo arrestos en lugares previamente considerados sensibles, como escuelas, hospitales y lugares de culto. Además, se ha incrementado la colaboración con otras agencias federales, como el FBI y la DEA, y se han utilizado recursos del Departamento de Defensa para apoyar las operaciones.
Esta estrategia ha generado preocupación entre defensores de los derechos civiles, quienes argumentan que las políticas de “cero tolerancia” y las deportaciones masivas afectan desproporcionadamente a inmigrantes sin antecedentes penales, incluyendo a aquellos que han residido en el país por años.
tu no vas hacer nada deja la politiqueria varata hay que deportarlos a todo y se acabo por eso votamos la mayoria por TRUMP Y LO ESTA CUMPLIENDO PORQUE EL SI QUIERE ESTE PASI VIVA TRUMP PA FUERA TODOS LOS ILEGALES