El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos que podría culminar con la pena de muerte si es declarado culpable de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, informó The New York Post.
La legislación federal de EEUU contempla la pena capital en ciertos casos de narcotráfico cuando los delitos son parte de una “empresa criminal continua”. Sin embargo, especialistas señalan que la aplicación de la pena de muerte en este tipo de casos es poco frecuente.
La aplicación de esa sanción es considerada como rara en tales procesos judiciales, especialmente cuando no hay homicidios directamente relacionados con los acusados.
El exmandatario, y su esposa, Cilia Flores, se encuentra bajo proceso ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. Ambos enfrentan cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras.
En su primera comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein, Maduro se declaró inocente de dichas acusaciones. “Soy inocente, no me declaro culpable, sigo siendo el presidente de mi país”, declaró durante la sesión, además de denunciar como un “secuestro” su detención por parte de EEUU.
La madrugada del 3 de enero, fuerzas estadounidenses irrumpieron en Venezuela mediante un operativo que incluyó el bombardeo de sitios estratégicos. El resultado final fue el arresto y la extracción del exmandatario y su esposa, además de la muerte de al menos 32 agentes cubanos a cargo de la seguridad del chavista.
Ambos están representados por abogados destacados en la defensa de casos complejos. Maduro cuenta con Barry Pollack, conocido por su defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, mientras que Flores es defendida por Mark Donnelly, exfiscal del Departamento de Justicia especializado en delitos económicos.
Los fiscales del caso sostienen que Maduro y otros altos funcionarios venezolanos abusaron de su poder y corrompieron las instituciones del país para permitir la importación de grandes cantidades de cocaína hacia EEUU.
La acusación también alega que Maduro y su círculo cercano proporcionaron “cobertura policial y apoyo logístico” a poderosos grupos de narcotráfico, como el Cártel de Sinaloa y la banda Tren de Aragua, a cambio de beneficios económicos.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) asegura que las operaciones de narcotráfico llegaron a involucrar a altos funcionarios del gobierno venezolano. Por el momento, la defensa de Maduro no ha solicitado la liberación bajo fianza, aunque podría ocurrir en futuras audiencias.
El exmandatario venezolano se encuentra detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión que ha sido calificada por abogados como un lugar “infernal”, conocido por su violencia, hacinamiento y condiciones de vida inhumanas.
Construida en la década de 1990, esta instalación fue diseñada para aliviar el exceso de población carcelaria en Nueva York. A lo largo de los años, ha albergado a figuras de alto perfil como el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.
El MDC está compuesto por varias plantas, con celdas pequeñas y espacios comunes reducidos, y se utiliza tanto para internos que esperan juicio como para aquellos que cumplen condenas menores.
