OCDH desmiente campaña del régimen contra los presos políticos del 11J

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) desmintió la campaña del régimen de Cuba para difamar a los presos políticos del 11 de julio.

El director de la organización con sede en Madrid, Yaxis Cires, defendió en entrevista con Radio Televisión Martí que las condenas a décadas de prisión son injustificadas, aunque la dictadura se esfuerce por hacer ver como criminales a los manifestantes.

En ese sentido, rechazó las sentencias de los tribunales cubanos que considera meramente políticas, por haber sido impuestas a los detenidos, solo por haber expresado abiertamente desacuerdo con las autoridades.

“Estamos condenando las sentencias que han emitido estos tribunales contra los manifestantes, que lo único que hicieron fue ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestación”, expresó Cires.

“No son unos delincuentes, son ciudadanos de bien que ahora la propaganda del régimen quiere presentar como delincuentes, cuando todos sabemos que se trata de personas de a pie, cansadas de la situación económica y social que vive el país”, añadió.

Esta semana, el gobierno dictatorial cubano comenzó a reproducir unas cápsulas dentro de su programación televisiva, en las que entrevista a supuestos combatientes que salieron a “defender la revolución” durante las protestas del 11 de julio.

Según la narrativa de los entrevistados, los manifestantes eran violentos y hacían destrozos, como ha manejado el régimen desde el primer día, a pesar de la numerosa evidencia en fotos y videos que muestran lo contrario.

La campaña intenta justificar las condenas de hasta 30 años de prisión que enfrentan los manifestantes, aunque no menciona que en el resto del continente ningún nivel de destrozos durante una manifestación -por la razón que sea- provocaría una sentencia tan severa.

Esto en especial si se trataba de ciudadanos comunes, sin antecedentes penales, como es el caso del 77% de los condenados, según reveló un documento presentado este miércoles por la OCDH.

La información de cinco sentencias compartidas en el documento de la organización, desmiente al Tribunal Provincial Popular de La Habana, «sobre que los manifestantes son, en su gran mayoría, delincuentes comunes».

El director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga, agregó que “incluso en los casos con antecedentes penales, hay que respetar el derecho a la libre manifestación y durante los procesos judiciales, la presunción de inocencia”, recordando que los condenados fueron a juicios sumarios, sin pruebas.

El texto expone también que la mayoría de los encarcelados en estos procesos son personas de entre 16 y 30 años; el 9% de los condenados son mujeres y el 25% emprendedores.

El OCDH precisó también que entre los abusos cometidos “aparece el sitio de viviendas (87), los hostigamientos (69), multas (36), citaciones (30) y amenazas (28), entre otros”.

Por todo lo anterior, González Raga pidió “urgentemente la aplicación de las sanciones individuales contra los violadores de Derechos Humanos en Cuba, tal y como aprobó el Parlamento Europeo en septiembre de 2021” e instó “a los Estados miembros de la Unión Europea a solicitar dichas sanciones al Consejo”.

Desde julio, cuando organizaciones cubanas denunciaron la detención de más de 800 personas, asociaciones y gobiernos internacionales se han pronunciado por la liberación de los presos políticos, pero el régimen de Cuba se niega y continúa justificando su encierro.