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OEA exige el ingreso de una misión humanitaria de derechos humanos a Cuba

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OEA exige el ingreso de una misión humanitaria de derechos humanos a Cuba

La organización continental está preocupada por la situación de los presos políticos cubanos

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió al gobierno cubano el permiso para que una misión humanitaria del sistema universal o interamericano de derechos humanos ingrese a la Isla con el objetivo de constatar la situación de los presos políticos.

“La presencia de una misión humanitaria resulta esencial en un contexto como el presente, y la Secretaría General continuará monitoreando y en permanente alerta ante la situación existente”, dice un comunicado de la organización continental.

En la nota se recuerda que la OEA da un especial seguimiento a las condiciones de los presos políticos en el territorio cubano ante las denuncias de vulneración de sus derechos fundamentales.

“La OEA exige una vez más la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos que se encuentran encarcelados de manera arbitraria, al tiempo que resalta que es fundamental permanecer atentos a la evolución de sus condiciones de salud y de integridad física”, menciona la nota.

Asimismo, se recuerda al régimen que las detenciones arbitrarias son una flagrante violación a los derechos humanos en el país y va en contra de todos los instrumentos internacionales en la materia.

De manera específica, la OEA expresó su preocupación por la integridad de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), detenido desde el 11 de julio cuando trató de participar en las protestas masivas contra el régimen.

“Ferrer está confinado en una pequeña celda tapiada, sin ningún contacto con personas distintas a los guardias que lo custodian y sin acceso a luz natural”, refiere el texto.

Además, se explica que el preso político en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, presenta problemas de respiración, pérdida de visión y otros padecimientos de salud debido a las inhumanas condiciones del centro penitenciario.

Tras ser detenido, a Ferrer le revocaron un arresto domiciliario y ahora deberá terminar en prisión una sentencia de cuatro años y medio que le impusieron de manera sumaria por supuestamente haber golpeado a un hombre.

La organización Prisoners Defenders informó en su reporte mensual que hasta el mes de noviembre había 712 casos activos de prisioneros políticos en la Mayor de las Antillas. De esta cifra, 562 fueron arrestados por motivo del estallido social del 11J.

En el informe se alertó que existen 23 casos de menores de edad que están siendo procesados penalmente con peticiones fiscales de varios años por haber cometido delitos como “atentado”, “desacato”, “desórdenes públicos” y “sedición”, entre otros.

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