El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que durante octubre pasado se registraron al menos 198 acciones represivas contra la población civil en Cuba.
De estas, 29 fueron detenciones arbitrarias, mientras que las otras 169 fueron abusos de diversa índole, incluidos hostigamientos, amenazas y violaciones de derechos fundamentales.
Este informe, emitido de manera mensual, es una evidencia más de la realidad inquietante que viven los residentes en la Isla, donde son constantes los actos represivos en medio de serios problemas sociales y económicos.
Entre los abusos más graves reportados se encuentran sitios de viviendas de activistas, juicios sin las mínimas garantías legales, abusos contra presos, hostigamientos y amenazas a opositores políticos y defensores de derechos humanos.
Asimismo, se reportaron 40 denuncias hechas por presos políticos, presos comunes y sus familiares, quienes han expresado su preocupación por las condiciones de detención y el trato inhumano que reciben en las cárceles cubanas.
Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey fueron las más afectadas por las acciones represivas correspondientes a octubre. Respecto al conteo anual, el OCDH tiene registrado un total de 2.660 acciones represivas, de ellas, 490 fueron detenciones arbitrarias.
Detención y juicio de activistas por propaganda política
Como parte de su comunicado, el OCDH compartió el caso de los cubanos Yamislan Pozo Águila, 24 años, y Serguey Pozo Tagle, de 45, quienes enfrentan graves acusaciones por presunta “propaganda contra el orden constitucional”, debido a la distribución de octavillas en la ciudad de Santa Clara.
Según la acusación presentada por la Fiscalía del régimen, los acusados habrían esparcido octavillas con mensajes políticos que llamaban a una futura transición democrática en Cuba.
El fiscal Ayreb Miranda Pérez solicitó penas de prisión de 6 y 7 años para los dos acusados. Los documentos judiciales indican que los hechos ocurrieron el 10 de febrero de 2025, cuando Serguey Pozo esparció las octavillas mientras Yamislan grababa el acto para enviarlo a un residente en el exterior de Cuba.
Las octavillas contenían un mensaje político que invitaba a los cubanos a unirse en lo que se denomina el “Día Cero”, un día simbólico en el que se tomarían las calles en demanda de un futuro libre y justo para Cuba.
Desde el punto de vista jurídico, el OCDH considera que las octavillas no constituyen un delito, ya que no incitan a la violencia ni al odio, sino que expresan una propuesta política legítima. Según el análisis del Observatorio, la acusación carece de tipicidad penal, pues se criminaliza un acto de expresión política protegido por los principios constitucionales y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En este sentido, el OCDH subraya que la crítica al sistema político, por dura que sea, debe estar protegida por los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad de pensamiento.
La jurisprudencia internacional, incluida la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sostenido que las manifestaciones políticas, incluso aquellas que critican severamente al gobierno, no deben ser penalizadas, a menos que impliquen un riesgo concreto para la seguridad o el orden público.
Ante esta situación, el OCDH exige la liberación de los detenidos, debido a que están siendo procesados por ejercer sus derechos fundamentales a la libre expresión.
