Así es como el Gobierno cubano ‘depura’ de disidentes a sus universidades

La expulsión de la profesora Omara Ruiz Urquiola del Instituto Superior de Diseño (ISDi) de La Habana, pese a haberse manejado por las autoridades de la institución como una “baja administrativa”, desató la indignación de activistas, estudiantes y la ciudadanía en general.

El rector del centro universitario, Sergio Luis Peña Martínez, alegó “baja carga presencial”, pero Ruiz Urquiola acusó que todo se trató de una estrategia para sacarla del instituto por motivos políticos.

“A partir de las presiones que ejerce la Seguridad del Estado sobre la dirección de la Universidad de La Habana, han fabricado los motivos para este despido que además ha sido ilegal”, opinó la activista.

Pero este caso no es uno aislado en las universidades cubanas, que han sido acusadas en múltiples ocasiones de favorecer al régimen al expulsar personal y alumnado por sus ideas o acciones de índole político.

En febrero de este año, David Mauri Cardoso, de 22 años, quien cursaba primer año de Derecho, fue expulsado de la Universidad de Cienfuegos por escribir en un examen que Fidel Castro era un “dictador” y que no lo homenajeó durante sus exequias y el duelo nacional impuesto por el Gobierno.

En su escrito, el joven mencionó la mala situación económica y social del país como consecuencia de la revolución y de las políticas castristas como una razón para no rendir tributo al personaje, lo que ocasionó que lo dieran de baja.

En marzo pasado, el estudiante Jorge Enrique Cruz Batista fue expulsado definitivamente de la Universidad Ignacio Agramonte de Camagüey, luego de ser acusado de ser uno de los autores de los carteles de “Abajo Díaz-Canel”, aparecidos en ese centro de estudios el domingo 13 de enero.

Luego de un fugaz proceso investigativo, el estudiante fue interrogado y refirió que lo amenazaron con dejarlo arrestado e incomunicado si no se declaraba culpable, mientras que si lo hacía podría continuar con sus estudios.

Se declaró culpable entonces, pero había sido engañado y fue expulsado a mediados de marzo, información que fue brindada por una fuente anónima a la publicación independiente La Hora de Cuba.

En abril, la estudiante de Periodismo Karla María Pérez González, de 18 años, fue expulsada de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) por pertenecer al movimiento opositor Somos+, hecho que fue denunciado por este mismo sitio en su portal de internet.

Pérez González quien obtuvo la única plaza de Periodismo destinada a su provincia, Cienfuegos, declaró que su expulsión se concretó después de varias reuniones de miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), funcionarios y estudiantes, quienes recibieron “advertencias” de que “serían analizados” si se ponían de su lado.

“En esas reuniones, que comenzaron en marzo, los participantes trataron ‘mis ‘problemas ideológicos’, sin embargo, yo no estuve convocada a ninguna”, aseguró la joven en su momento.

Por su parte, Félix Yuniel Llerena López, coordinador occidental del Instituto PATMOS y promotor de la iniciativa CubaDecide, fue expulsado en mayo de este año de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona donde cursaba estudios.

El argumento que dio la institución en su momento fue el de “inasistencias” y le comunicaron que para intentar reinscribirse debía esperar dos años y no sólo al inicio del siguiente ciclo escolar, como es lo común.

El joven anunció su baja en su perfil de Facebook, donde declaró que sabía que su baja había sido “por supuesto” por motivos políticos.

En cuanto al profesorado, en abril la profesora Dalila Rodríguez González fue expulsada de la Universidad Central Martha Abreu de Las Villas a través de una resolución firmada por el rector Andrés Castro Alegría, lo que cerró para la profesora cualquier oportunidad de defensa o apelación.

“Además se me revoca la categoría docente de profesor auxiliar que es una categoría superior y además mi condición de profesora universitaria”, lamentó Rodríguez González en su momento.

Declaró que previamente había sido presionada para abandonar ella misma su trabajo y que sabía que era por motivos políticos, siendo su padre activista y abiertamente opositor.

Asimismo, en junio, un mes antes que su hermana, Ariel Ruiz Urquiola, fue expulsado del Centro de Investigaciones Marinas, baja que estuvo ratificada por el Órgano de Justicia Laboral de la Universidad de la Habana y que no dio oportunidad de impugnación.

Ruiz Urquiola dijo que el Órgano de Justicia Laboral no explicó los motivos de su decisión.

“Este fallo lo considero una respuesta absolutamente injusta, ilegal y arbitraria, voy a seguir apelando las dos decisiones, tanto la expulsión de mi centro laboral como la decisión del Órgano de Justicia Laboral de ratificarla”, aseguró el biólogo.

Estos son sólo algunos de los casos registrados en 2019, en que arbitrariamente y sin oportunidad de apelaciones, se ha destituido o expulsado a personal y alumnado de las instituciones cubanas de educación superior, por sus ideas y acciones políticas, ajenas a su desempeño escolar y profesional.

Con Información de Diario de Cuba