El tribunal municipal de Abreus, en Cienfuegos, sancionó a un ciudadano a un año de trabajo correccional con internamiento por robarse cinco quintales de papas de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Carmelina, en Horquita.
El hecho ocurrió el 16 de febrero de 2025, a las 2:00 p. m., y fue detectado por la Policía cuando el acusado intentaba marcharse en un vehículo de tracción animal. El arresto se produjo en los alrededores de las oficinas de la empresa estatal, cuando un agente del orden observó el traslado del tubérculo y formuló la denuncia. El caso avanzó a juicio oral y público en el Tribunal Municipal Popular de Abreus.
Según la fiscalía, Javier Santana Rodríguez tomó para alrededor de 230 kilogramos de papas, valorados en 6.020 CUP (a razón de 1.204 CUP por quintal). La empresa recuperó íntegramente el producto, por lo que oficialmente “no presentó afectación económica”. Aun así, el tribunal optó por dictar una sanción ejemplarizante ante el aumento de hurtos contra la propiedad del Estado.
El órgano judicial subrayó la necesidad de proteger la producción de alimentos, un sector que el Gobierno define como “estratégico”. Horquita es un polo productivo de referencia a nivel nacional, con la papa entre sus rubros principales.
Según la prensa oficialista, la sanción está prevista en el Código Penal para conductas que el Estado considera lesivas a la economía. El tribunal citó los artículos 411.1, 42.1.3, 59.1 y 50.1 del Código Penal.
Al fallo se añadieron penas accesorias: privación temporal de derechos políticos (sufragio activo y pasivo), inhabilitación para ocupar cargos de dirección, prohibición de salida del país hasta extinguir la sanción y veto de acceso a la Empresa Agropecuaria de Horquita.
Las autoridades insistieron en que se respetaron las garantías procesales y el debido proceso contemplados en la Ley de Proceso Penal y la Constitución, desde la investigación hasta la vista oral. La Fiscalía y la defensa pueden apelar la decisión.
Acusan a empleada por faltante de 7.000 aves en Guantánamo; ella denuncia desfalco de sus jefes y apela la condena
Otro robo contra una empresa estatal se produjo en Guantánamo, pero en este caso los acusados se defienden y culpan a los directivos de la empresa. Yanet Martínez Latamblet, trabajadora de la granja avícola Lajita 1 en Guantánamo, fue condenada el 25 de septiembre a un año de prisión domiciliaria por “no preservación de los bienes del Estado”, tras una auditoría que en septiembre de 2023 detectó el faltante de 7.000 aves.
Ella niega el delito y acusa a la jefatura de la empresa estatal de encubrir un desfalco. La empleada presentó apelación ante el Tribunal Municipal y espera respuesta.
Martínez afirma que ella y otros cuatro trabajadores fueron citados por “incumplimiento del deber”, pero en la vista se enteraron de que el proceso estaba vinculado al faltante. Sostiene que la dirección les exigió cubrir el valor de las aves —más de 100.000 pesos— y, ante la negativa, comenzó la presión.
