Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, reaccionó con tono burlón a través de un video en redes sociales tras la acusación formal por asesinato presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
El clip fue difundido un día después del histórico anuncio judicial realizado en la Freedom Tower de Miami. “Buenos días, nota informativa. ¿Alguien sabe ahora el cambio de turno de los taparraos? Esto va a coger candela como Hatuey. La piedra”, expresó Sandro Castro en la grabación.
Sandro Castro, tras la imputación de su tío Raúl Castro por asesinato en EE.UU. pic.twitter.com/wiLERTuBVy
— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) May 21, 2026
El joven minimizó con sátira la gravedad del dictamen emitido por las autoridades federales estadounidenses.
En marzo, el joven aseguró a CNN Internacional que la Seguridad del Estado lo citó por sus videos satíricos, afirmando entonces que la mayoría de los cubanos prefiere el capitalismo.
Asimismo, durante una entrevista concedida en abril a la cadena NBC, Sandro Castro abogó por un cambio económico en la isla, pero sin mencionar el sistema político. El familiar de los dictadores cubanos solicitó mayor libertad económica y menos burocracia.
El caso judicial contra Raúl Castro fue presentado por el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche. La acusación formal responde a un dictamen aprobado por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida el pasado 23 de abril.
El expediente contra el exmandatario incluye siete cargos penales federales, por conspirar para asesinar a nacionales estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato en primer grado.
Las víctimas del suceso de 1996 fueron los pilotos civiles Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Todos fallecieron cuando aeronaves militares cubanas destruyeron sus bimotores Cessna 337.
La fiscalía estadounidense sostiene que el ataque fue premeditado y sancionado por el Estado cubano. Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, autorizó y supervisó la cadena de mando que ordenó el derribo en el Estrecho de Florida.
Junto al dictador, el tribunal acusó a cinco exmilitares cubanos. Los implicados son Lorenzo Pérez-Pérez, Emilio Palacio Blanco, José Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis González-Pardo Rodríguez.
Las penas máximas contempladas por la ley estadounidense para estos delitos graves incluyen la cadena perpetua. El marco jurídico del estado de Florida establece incluso la posibilidad de la pena capital.
El proceso penal posee un carácter principalmente simbólico para los analistas internacionales. El acusado reside en Cuba y ambos países carecen de un tratado de extradición, aunque el senador Marco Rubio ya evaluó públicamente una posible detención.
El régimen de Miguel Díaz-Canel rechazó la acción judicial y organizó actos de repudio en centros laborales de la isla.
