NOTICIAS DE CUBA
Seguridad del Estado amenaza a familiares de manifestantes encarcelados por la protesta de Caimanera
Las autoridades cubanas buscan cambiar testimonios sobre la violencia policial en esa protesta
Agentes de la Seguridad del Estado han amenazado a familiares de manifestantes encarcelados tras las protestas en Caimanera, provincia Guantánamo, para que cambien sus testimonios sobre la violencia policial ejercida contra la manifestación.
La intención del régimen es lograr una desacreditación de las denuncias publicadas por el periodista independiente Yeris Curbelo Aguilera, quien ha realizado una puntual cobertura de la represiva detención.
“Ellos quieren que yo desmienta a Yeris Curbelo Aguilera, y que diga que él se había aprovechado de mí. Fui yo la que me aproveché, porque gracias a él pude denunciar al mundo lo que están haciendo con mis hijos aquí”, dijo Victoria Martínez Valdivia a Radio Televisión Martí.
Según esta mujer, madre de dos de los detenidos, los oficiales de la policía política trataron de convencerla diciéndole que al reportero le habían pagado una gran cantidad de dinero por las entrevistas.
El periodista independiente recientemente aseguró que intentaron incriminarlo, acusándolo de haber engañado a las familias para obtener declaraciones sobre los hechos ocurridos el 6 de mayo.
Este comunicador también sostuvo que a algunas madres se les prometió la liberación de sus hijos si proporcionaban testimonios en su contra. Curbelo Aguilera ya ha sufrido varios actos represivos y encarcelaciones en el pasado debido a sus ideales y activismo.
Las autoridades cubanas mantienen bajo arresto a seis personas que participaron en la manifestación de Caimanera. Aunque fue motivada por un prolongado apagón, sus cientos de participantes también se quejaron por el desabastecimiento y falta de libertad con gritos de consignas como «¡Patria y Vida!».
Los arrestados son Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez, hijos de la referida madre. En misma situación se encuentran Daniel Álvarez González, Yandris Pelier Matos, Rody Álvarez González y Freddy Sarquiz González.
Los manifestantes, primero, fueron acusados de “desórdenes públicos”. Sin embargo, el régimen les añadió cargos adicionales por los delitos de “resistencia”, “atentado” y “daños a la propiedad”.
Las condiciones de los jóvenes detenidos son alarmantes, debido a que han presentado una notable pérdida de peso y un estado físico debilitado. Sus familiares enfrentan dificultades económicas para poder costear los honorarios legales de un abogado.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó a dos altos funcionarios del Ministerio del Interior (Minint) en su lista de Represores Cubanos, dada su implicación en la violenta represión ocurrida en el poblado costero.
Los responsables de este nuevo ataque contra manifestantes pacíficos son el coronel Edel Alfaro Jiménez, delegado provincial del Minint, y el teniente coronel Yordán Almaguer Machuca, jefe del órgano político.
Ambos funcionarios son señalados como responsables de cometer delitos que han sido ampliamente condenados por la comunidad internacional, como la persecución por motivos políticos y la participación en otros actos represivos.