Los trabajadores por cuenta propia (TCP), las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y las cooperativas no agropecuarias en Cuba han expresado una creciente preocupación por la normativa bancaria que les obliga a aceptar pagos electrónicos sin contar con una infraestructura adecuada para hacerlo.
Recientemente, una serie de denuncias públicas ha resaltado la presión a la que se enfrentan estos actores económicos ante la imposición de recibir pagos en línea, en un contexto de escasez de efectivo y de dificultades con la infraestructura bancaria del país.
Daniel Alejandro Izquierdo Díaz, un emprendedor de Cuba, compartió su experiencia personal durante una feria municipal en la que aceptó pagos electrónicos. “En total ingresé más de 5 mil pesos, pero el dinero no estuvo disponible en mi tarjeta fiscal hasta varios días después. Durante ese tiempo, no pude utilizar ese dinero para operar mi negocio”, explicó.
Este retraso en la disponibilidad del dinero en las tarjetas fiscales y las limitaciones para extraerlo en efectivo se ha convertido en una de las mayores quejas de los TCP y MIPYMES en Cuba.
Además, los empresarios informan que muchos de los proveedores de insumos, como campesinos que cultivan productos como el maíz o el coco, no están familiarizados con el sistema de pagos electrónicos, lo que dificulta la posibilidad de realizar compras a través de transferencias.
Este obstáculo ha forzado a muchos emprendedores a buscar alternativas, como pagar en efectivo o recurrir al mercado negro, lo que a su vez incrementa los costos operativos.
Los problemas no se limitan a la falta de infraestructura para los pagos electrónicos, sino que también incluyen la escasez de efectivo en los cajeros automáticos y las largas filas que los ciudadanos deben soportar para retirar el dinero.
En las calles de Cuba, la situación ha generado una creciente insatisfacción. Las restricciones para disponer de efectivo en las cuentas fiscales también afectan directamente a los negocios, que se ven obligados a operar con dinero virtual que no pueden utilizar con libertad.
A pesar de las denuncias, muchos consideran que las medidas adoptadas por el gobierno no han logrado resolver los problemas del sector privado. A través de redes sociales, los TCP han expresado su frustración, señalando que las políticas de “bancarización” han sido mal implementadas y no cuentan con el respaldo adecuado para garantizar su viabilidad.
“Este es otro ejemplo de una mala gestión que afecta a quienes realmente sostienen la economía del país”, denuncian varios emprendedores.
Ante esta situación, los afectados han sido enfáticos en que el objetivo final de estas restricciones parece ser evadir el control fiscal y someter a los emprendedores a una especie de “trampa” económica. Varias denuncias han sido presentadas a la Dirección Provincial de Finanzas y Precios y a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), pero, según los testigos, estas acciones no han dado resultados tangibles.
La normativa oficial en Cuba establece que los negocios privados están obligados a cobrar por tarjeta siempre que el cliente lo exija. Además, no tienen un límite reglamentado para aceptar pagos electrónicos.
Además, se prohíbe exigir al cliente un pago adicional del 10% sobre el monto de la compra. Esta práctica, común en algunos negocios, es ilegal y está sujeta a sanciones severas.
La violación de esta normativa, en particular la negativa a aceptar pagos electrónicos o el cobro de recargos indebidos, puede acarrear multas que oscilan entre 16.000 y 36.000 pesos, según el Decreto Ley 91, en su Artículo 12, inciso j. Sin embargo, el gobierno no crea los incentivos para que los emprendedores cubanos puedan ofrecer el cobro sin que ello les cause perjuicios económicos.
