El comisionado de Miami, Joe Carollo, perdió una apelación ayer jueves con la que pretendía evitar el pago de 63.5 millones de dólares a dos empresarios de La Pequeña Habana. Esta cantidad es resultado de una demanda por actos de abuso de poder cometido por el funcionario contra los dueños de negocios en el popular barrio de la ciudad de Miami.
Los empresarios Bill Fuller y Martín Pinilla afirmaron que Carollo utilizó su cargo público para librar una campaña de represalias políticas contra ellos, todo por el simple hecho de que estos apoyaban a un oponente político del comisionado.
En respuesta a la apelación fallida, el funcionario afirmó que la pérdida era “por un tecnicismo”, citando una nota a pie de página en el fallo del tribunal de apelaciones que indicaba que las entidades o inquilinos de los demandantes habían violado las ordenanzas de la ciudad y el Código de Construcción de Florida.
“Eso quedó demostrado legalmente en los tribunales, y si lo hubieran decidido al respecto, habrían tenido que hacerlo a mi favor”, aseguró Carollo al ser entrevistado por el canal estadounidense.
Mientras el comisionado se mantiene en su lucha por evitar la condena, el alcalde de Miami, Francis Suárez, señaló que el veredicto del tribunal de apelaciones confirma la responsabilidad de Carollo a título personal.
“Esto no es una sentencia contra la ciudad, sino contra el comisionado a título personal”, explicó Suárez. La sentencia de $63.5 millones representa una carga financiera considerable para Carollo, quien tendrá que enfrentarse a las consecuencias personales de este fallo.
Por su parte, el comisionado del Distrito 1, Miguel Gabela, expresó su frustración y cuestionó por qué los contribuyentes de la ciudad siguen pagando por la defensa legal de Carollo.
“Mi intención es recuperar el dinero que creo que le debe a la ciudad y al contribuyente, porque acaba de perder”, comentó Gabela, sugiriendo que el comisionado procesado debería utilizar su propio dinero para continuar apelando, en lugar de depender de los fondos públicos.
Carollo ha mantenido que su defensa se basa en que sus acciones fueron realizadas en el ejercicio de sus funciones como funcionario público, lo que podría eximirlo de la responsabilidad personal.
Según el exfiscal estatal y federal David Weinstein, una vez que se confirme el veredicto, el caso podría cambiar de rumbo, ya que se podría cuestionar si la conducta del comisionado estaba realmente protegida por su condición de funcionario público.
Durante el juicio, que duró más de 50 días, los abogados de los demandantes expusieron que sus clientes habían invertido grandes esfuerzos en restaurar propiedades históricas a lo largo de la Calle 8 y en revitalizar el emblemático barrio de La Pequeña Habana.
Sin embargo, todo dio un giro cuando Joe Carollo asumió su cargo. Según los empresarios, el comisionado intentó destruir sus reputaciones y afectar sus negocios. Además, lo acusaron de violar los derechos protegidos por la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión en Estados Unidos.
