El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que pone fin a todos los beneficios financiados con impuestos federales destinados a inmigrantes ilegales. La medida obliga a todas las agencias gubernamentales a identificar y eliminar programas que proporcionen asistencia a extranjeros sin estatus legal.
Según la justificación de la Casa Blanca, la orden ejecutiva está en correspondencia con la política migratoria de la administración republicana y además cumple con el objetivo de priorizar los recursos públicos para ciudadanos estadounidenses, incluidos veteranos y personas con discapacidad en lugar de dárselos a migrantes indocumentados.
Trump prohíbe que los fondos federales asignados a estados y localidades sean utilizados para respaldar políticas de “santuario” o cualquier iniciativa que facilite la permanencia de inmigrantes sin documentos en el país.
Adicionalmente, el decreto endurece los mecanismos de verificación de elegibilidad para impedir que personas sin estatus legal accedan a subsidios financiados con impuestos.
El gobierno de Trump sostiene que la crisis migratoria ha generado un gasto millonario para los contribuyentes estadounidenses. Datos del Center for Immigration Studies (CIS) estiman que proporcionar bienestar a un millón de inmigrantes ilegales podría costar anualmente 3.000 millones de dólares. Además, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes calcula que el gasto total para atender a inmigrantes ilegales desde 2021 asciende a $451.000 millones.
La Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR) señala que el costo total de la presencia de inmigrantes ilegales en EEUU es de al menos $182,000 millones al año, con una carga significativa sobre los presupuestos estatales y locales.
Qué beneficios se les quitan a los migrantes irregulares
1. Medicaid y CHIP (Children’s Health Insurance Program)
- Aunque los inmigrantes indocumentados no califican para Medicaid, algunos estados han utilizado fondos federales para proporcionar cobertura médica de emergencia y atención prenatal. La orden ejecutiva podría eliminar estos fondos.
2. SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, antes conocido como cupones de alimentos)
- Si bien la mayoría de los inmigrantes indocumentados no califican para SNAP, algunos estados han permitido que ciertos grupos, como menores no acompañados y embarazadas, accedan al programa. Esta ayuda podría ser restringida.
3. Subsidios de Vivienda Pública y Vales de la Sección 8
- Algunas ciudades han otorgado asistencia habitacional limitada a inmigrantes indocumentados. El gobierno federal podría cortar la financiación de estos programas si se destinan a personas sin estatus legal.
4. Fondos de FEMA para Refugios de Emergencia
- En crisis humanitarias, como huracanes o incendios, FEMA ha brindado asistencia a inmigrantes sin importar su estatus. Esta orden podría restringir dichos fondos.
5. Atención en Hospitales Financiados con Fondos Federales
- Hospitales que reciben fondos federales para emergencias médicas pueden perder financiamiento si atienden a inmigrantes sin papeles.
6. Programas de Cuidado Infantil y Educación Temprana
- Programas como Head Start, que ofrece educación temprana a niños de bajos ingresos, podrían verse restringidos si reciben niños de familias sin documentos.
7. Subvenciones a Ciudades Santuario
- Estados y ciudades que ofrecen servicios de apoyo a inmigrantes podrían perder financiamiento federal si no cumplen con la nueva política.
8. Fondos para Servicios Legales a Migrantes
- La orden podría eliminar subvenciones a organizaciones sin fines de lucro que brindan asesoría legal gratuita a inmigrantes en procesos de asilo o deportación.
9. Programas de Salud Pública para Enfermedades Infecciosas
- Iniciativas para la prevención y tratamiento de enfermedades como tuberculosis o VIH/SIDA, que a menudo incluyen a migrantes, podrían ver reducidos sus fondos.
10. Programas de Educación para Adultos y Clases de Inglés (ESL)
- La financiación para programas de aprendizaje del inglés y educación para adultos en centros comunitarios podría ser eliminada.
Otras medidas de Trump contra la migración han sido declarar emergencia nacional en la frontera sur, lo que le permite desplegar a las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad. También ha reiniciado la construcción del muro fronterizo y ha catalogado a organizaciones criminales como MS-13 y Tren de Aragua como terroristas internacionales.
Otra de las acciones más controversiales es la detención de inmigrantes ilegales con antecedentes penales en la prisión de Guantánamo, una medida que busca disuadir la inmigración ilegal masiva.
