La administración de Donald Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio estadounidense, lo que podría resultar en su deportación en los próximos meses. La medida, anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, entra en vigor de inmediato, dejando a los beneficiarios solo 60 días antes de perder su estatus legal.
El TPS permitía a los venezolanos vivir y trabajar en EEUU debido a la crisis humanitaria en su país. Sin embargo, la administración Trump considera que estas protecciones se han extendido más allá de su intención original y argumenta que es necesario reevaluar los casos, incluyendo posibles vínculos con grupos criminales como el Tren de Aragua.
La decisión ha generado incertidumbre entre los migrantes venezolanos que confiaban en el TPS para evitar la deportación. A diferencia de administraciones anteriores, que otorgaban extensiones de hasta 18 meses, el gobierno de Trump ha decidido eliminar el programa de manera definitiva.
Expertos en inmigración advierten que la falta de un periodo de transición prolongado deja a los afectados con pocas opciones. La posibilidad de solicitar asilo es limitada, ya que se requiere demostrar persecución directa y no simplemente la crisis económica generalizada en su nación de origen.
La revocación del TPS es parte de una serie de acciones destinadas a endurecer las políticas migratorias. Entre ellas, la eliminación del parole humanitario y el programa CBP One, así como la propuesta de habilitar 30.000 camas en la base naval de Guantánamo para detener a inmigrantes considerados peligrosos.
La administración republicana también ha anunciado nuevas medidas para acelerar deportaciones, lo que podría afectar a migrantes de otras nacionalidades con TPS vigente.
El anuncio de la Casa Blanca viene antecedido por un acuerdo logrado con el dictador Nicolás Maduro, quien ha aceptado recibir a ciudadanos venezolanos deportados desde EEUU, incluyendo a miembros del Tren de Aragua. Este acuerdo se logró tras una reunión entre el enviado especial estadounidense, Richard Grenell, y el gobierno venezolano.
Durante la visita de Grenell, Venezuela liberó a seis ciudadanos estadounidenses detenidos en el país sudamericano, quienes fueron trasladados de inmediato a EEUU. No obstante, la administración Trump ha enfatizado que este entendimiento no representa un reconocimiento oficial de Maduro como presidente.
A pesar del acuerdo con Maduro, la falta de relaciones diplomáticas plenas entre ambos países podría dificultar las deportaciones masivas. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la medida pone en riesgo a miles de venezolanos que huyeron de la crisis política y económica.
Grupos pro inmigrantes han anunciado que impugnarán legalmente la decisión de Trump, argumentando que las condiciones en Venezuela siguen siendo críticas y que la revocación del TPS atenta contra el derecho de los migrantes a buscar protección.
