La Ley Helms-Burton, aprobada en marzo de 1996 por el Congreso de Estados Unidos en respuesta al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, tiene en su contenido un plan a seguir para un futuro estable en Cuba, apegado a una transición democrática tras el fin del régimen castrista.
Ante la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que sanciona con aranceles a quien surta petróleo a la Isla, se vislumbra una crisis total que podría resultar en el fin del gobierno comunista.
Desde la perspectiva de expertos como Juan Antonio Blanco, entrevistado por Telemundo 51, historiador de “Cuba Siglo XXI”, la reconstrucción después de 67 años de dictadura sería un proceso desafiante.
Blanco sugiere que el país necesitaría un gobierno compuesto mayoritariamente por tecnócratas, con profesionales altamente capacitados para abordar las urgentes necesidades de reconstrucción, como el sistema ferroviario o el sistema de salud.
Orlando Gutiérrez-Boronat, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, considera que “la mejor opción para Cuba es comenzar desde cero. Se necesita una reconstrucción rápida del país y que las fuerzas que el régimen ha reprimido puedan tener la dirección del país para poder construir una democracia”.
Dicha normativa, cuyo nombre oficial es Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, establece un plan ideal para lograr lo comentado por los entrevistados.
Según la ley, Cuba debe llevar a cabo una serie de reformas fundamentales, como la legalización de partidos políticos, la liberación de los presos políticos y la disolución de los órganos de seguridad del Estado.
La Helms-Burton también considera el levantamiento de sanciones económicas y comerciales impuestas a Cuba, como el embargo, en caso de existir una transición a un gobierno democrático.
En caso de apegarse a lo establecido por la referida norma, la reconstrucción de Cuba no puede incluir de nuevo la existencia de cualquier gobierno comunista o sistema dictatorial como el actual.
Si el presidente de EEUU certifica que hay una transición real hacia la democracia en Cuba, la ley autoriza el envío de ayuda humanitaria inmediata, incluyendo alimentos, medicinas y suministros básicos. Además, se contempla el apoyo económico y técnico para reconstruir la infraestructura del país, su sistema judicial y promover la transición a una economía de mercado.
En el ámbito comercial, se iniciarían gestiones para que Cuba acceda a tratados de libre comercio y obtenga el estatus de “nación más favorecida”. Asimismo, EEUU dejaría de bloquear el acceso a préstamos del FMI y el Banco Mundial, lo que permitiría la participación de la isla en instituciones internacionales clave para su recuperación económica.
El costo de esta transición sería colosal. Según Luis Zúñiga, integrante de la Asamblea de la Resistencia Cubana, se estima que la cantidad necesaria para la reconstrucción podría ser el doble de los 5 mil millones de dólares calculados en 2004.
La aplicación de la Ley Helms-Burton no sería una acción novedosa en la actual situación de Cuba. Desde hace unos años, comenzó la aplicación de su título III para sancionar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que operen en el país con propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses cuando el fallecido dictador Fidel Castro impuso el comunismo.
El objetivo de este título es presionar a devolver las propiedades confiscadas a sus propietarios originales. Asimismo, busca disuadir a empresas extranjeras de involucrarse en la explotación de bienes confiscados, apoyando así las demandas de restitución.
En noviembre del año pasado, José Ramón López Regueiro, quien se considera el propietario legítimo del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, presentó una demanda contra Delta Air Lines Inc. bajo el artículo III de la Ley Helms-Burton.
En su demanda, sostiene que el aeropuerto fue confiscado sin compensación en 1959, tras la llegada al poder de Fidel Castro, y que Delta Air Lines ha estado operando en la instalación sin haber indemnizado al propietario legítimo.
La querella alega que la aerolínea estadounidense ha realizado vuelos de carga y pasajeros hacia y desde el aeropuerto cubano sin la autorización de López Regueiro.
De acuerdo con la demanda, esta actividad de Delta Air Lines constituye un “tráfico” ilegal según los términos establecidos por dicha ley, lo que la convierte en una violación de la propiedad que fue expropiada sin compensación.
