Biden suspende la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, otro alivio para el castrismo

La medida revierte parcialmente las políticas de “máxima presión” implementadas por la administración de Trump en 2019. (Captura de pantalla © Casa Blanca – YouTube)

La administración del presidente Joe Biden anunció el martes la suspensión de la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, en una decisión que también incluye la remoción de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Según un informe de Martí Noticias, este cambio de política busca aliviar tensiones diplomáticas y reactivar el diálogo bilateral.

La medida revierte parcialmente las políticas de “máxima presión” implementadas por la administración de Donald Trump en 2019, cuando se activó por primera vez esta sección de la ley. Desde su promulgación en 1996, el Título III había sido suspendido por gobiernos anteriores debido a su impacto en las relaciones internacionales.

¿Qué establece el Título III de la Ley Helms-Burton?

El Título III, también conocido como la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, permite a ciudadanos estadounidenses presentar demandas en cortes federales contra empresas y personas que trafiquen con propiedades confiscadas por el gobierno cubano después de la Revolución de 1959. Estas demandas buscan responsabilizar a quienes se beneficien del uso de propiedades sin compensación a sus dueños originales.

La ley define “traficar” como cualquier actividad que implique el uso, compra, administración o beneficio de bienes confiscados. Esto incluye a empresas extranjeras que invierten en la isla, un punto de fricción diplomática con países como España, Canadá y México.

Desde 1996, los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama suspendieron la aplicación del Título III de forma recurrente para evitar daños a las relaciones internacionales. Sin embargo, en mayo de 2019, Donald Trump decidió no renovar la suspensión como parte de su estrategia para presionar al régimen cubano y desincentivar la inversión extranjera en la isla.

La activación permitió la presentación de múltiples demandas contra empresas que operan en propiedades expropiadas, incluyendo cadenas hoteleras, aerolíneas y compañías de cruceros. Estas demandas generaron controversias legales y diplomáticas, especialmente con la Unión Europea y Canadá, cuyos ciudadanos y empresas se vieron afectados.

Un ejemplo destacado fue la demanda contra cadenas de cruceros como Carnival y Royal Caribbean, que operaban en puertos expropiados. Aunque inicialmente se falló en contra de estas empresas, decisiones judiciales posteriores revocaron los veredictos, reflejando la complejidad legal del tema. A enero de 2025 no existe ninguna demanda con una sentencia firme que obligue al castrismo o empresas internacionales que han invertido en Cuba a resarcir daños a quienes les fueron expropiados sus bienes tras la llegada de Fidel Castro al poder.

Casos judiciales bajo el Título III

• Cruceros: En 2022, un tribunal falló contra Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises por operar en puertos expropiados, ordenando pagar $439 millones. En 2024, el fallo fue revocado por una apelación que determinó la expiración del reclamo original.
• Iberostar: En 2021, María Dolores Canto Martí demandó a la cadena española por explotar el Hotel Imperial, expropiado a su familia en 1961.
• Airbnb: En 2024, un médico en Florida denunció a la plataforma por listar una casa en La Habana que fue confiscada a su familia.
• Aeropuerto José Martí: José Ramón López Regueiro demandó a American Airlines y LATAM en 2022 por operar en el aeropuerto expropiado a su familia, pero el caso fue desestimado al no probarse titularidad estadounidense al momento de la expropiación.
• Empresas chinas y europeas: En 2019, compañías de China, Alemania y Dinamarca enfrentaron demandas por usar propiedades confiscadas, aunque los detalles son limitados.
• Familia Claflin: En 2021, esta familia ganó un caso por la hacienda Soledad, confiscada tras la Revolución. La compensación estimada es de $140 millones.