Cuadros del PCC harán investigaciones en Mipymes privadas por instrucción de Manuel Marrero

Funcionarios y burócratas del PCC saldrán a las calles en una clara intromisión en los negocios privados. (Captura de pantalla © Canal Caribe – YouTube)

El Partido Comunista de Cuba (PCC) dirigirá en marzo un proceso de auditoría sobre las Mipymes privadas que han mantenido relaciones contractuales con entidades estatales. La orden proviene de una indicación del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y busca fiscalizar los pagos y contratos entre el sector estatal y las formas de gestión no estatal (FGNE).

De acuerdo con un documento que circula en redes sociales, pero del cual el gobierno no ha confirmado su veracidad, la auditoría será ejecutada entre el 1 y el 30 de marzo de 2025. Para ello, se conformarán equipos de trabajo con cuadros del PCC, funcionarios del Poder Popular, juristas y auditores. El proceso forma parte del “Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales”, impulsado por el gobierno.

Las indicaciones dadas por Marrero Cruz detallan que la auditoría revisará posibles pagos indebidos, sobrecostos y calidad de los servicios contratados. También se analizarán los alquileres de locales y vehículos, el uso de recursos estatales y los encadenamientos productivos entre empresas estatales y privadas.

Funcionarios y burócratas del PCC saldrán a las calles en una clara intromisión en los negocios privados. Por ejemplo, se les ha indicado evaluar si existen relaciones familiares entre empresarios privados y dirigentes estatales, así como identificar irregularidades en los precios acordados en los contratos.

En caso de detectar “hechos graves”, el Partido ha establecido que se suspenda la auditoría y se pase a un “nivel superior de enfrentamiento”, lo que implicaría la participación del Ministerio del Interior (Minint), la Fiscalía y la Contraloría.

El gobierno también ha instruido a los organismos estatales a facilitar información y expertos para que los equipos auditores cumplan sus objetivos. Además, ha ordenado implementar una estrategia de comunicación para contrarrestar posibles críticas y evitar que se genere una “campaña enemiga” sobre la medida.

La auditoría se centrará en los negocios más grandes, con el objetivo de extraer experiencias para futuras regulaciones. El documento también advierte sobre intentos de justificar transacciones irregulares con “pequeños favores o servicios a la comunidad”, sugiriendo que cualquier actividad no estatal estará bajo sospecha.

El informe final de las auditorías será analizado antes del 30 de abril y se remitirá al Departamento de Prevención y Enfrentamiento al Delito, subordinado al Primer Ministro.

Sonados casos de corrupción de altos dirigentes comunistas

Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación, fue destituido en febrero de 2024 por “conductas de corrupción” e “insensibilidad” en su gestión. Además, se reveló que Fernando Javier Albán Torres, propietario de una Mipyme en Ciego de Ávila, tenía fuertes vínculos con el ministro y lo habría delatado.

En abril de 2024, Alexandre Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos, renunció tras admitir “graves errores” en su gestión. Se le vinculó con actos de corrupción relacionados con Mipymes, como ConstruSur, utilizada para desviar recursos estatales. Entre las irregularidades destacadas, se encuentra la demolición de bancos de mármol en buen estado en el Boulevard de la ciudad para encargar nuevos, valorados en más de cuatro millones de pesos, a la Mipyme de su propiedad, operada a través de un testaferro. ​

Por otra parte, en octubre de 2024, el gobernador de Las Tunas, Jaime Ernesto Chiang Vega, renunció, y el vicegobernador fue suspendido por “errores cometidos en el ejercicio de sus responsabilidades”. Aunque no se detallaron las causas, se especula sobre posibles vínculos con actos de corrupción relacionados con Mipymes.

En Camagüey el delegado provincial de la Agricultura, Julio Alberto Velázquez Ávila, fue detenido por su implicación en una red de venta ilícita de carne de res, autorizando la venta de ganado a Mipymes en La Habana y desviando recursos estatales. ​