Estados Unidos amplía el envío de migrantes deportados a países africanos con los que no tienen vínculos, mientras crecen las denuncias sobre falta de información, detenciones y riesgos para personas que son trasladadas sin conocer previamente su destino.
Un nuevo acuerdo, ahora con el gobierno de Liberia, permitirá enviar hasta 1.200 personas durante el próximo año, con un primer grupo de 20 previsto para este jueves.
La medida forma parte de la política migratoria del segundo mandato de Donald Trump, que ha recurrido cada vez más a terceros países para expulsar a personas que EEUU no puede devolver directamente a sus naciones de origen.
Algunos de esos migrantes tienen protección judicial contra la deportación debido al riesgo de tortura, persecución u otros abusos si regresan a sus países.
El problema es que el traslado puede terminar llevándolos a lugares donde tampoco tienen vínculos, recursos o garantías suficientes
El caso del cubano Roberto Mosquera del Peral muestra las consecuencias que puede tener este mecanismo. Mosquera fue enviado desde el país norteamericano a Esuatini en julio de 2025 y permanece en la prisión de máxima seguridad de Matsapha.
Tras ser detenido por ICE permanece preso sin cargos en ese país, en una prisión de máxima seguridad y y sin acceso adecuado a abogados. En abril de 2026, la Corte Suprema de Esuatini reconoció finalmente el derecho de cuatro deportados, incluido Mosquera, a reunirse con sus representantes legales.
Un año después de su llegada, el problema continúa. Amnistía Internacional reportó en julio que al menos 30 personas habían sido trasladadas desde EEUU a Esuatini, varios sin haber sido informados previamente de su traslado, y recluidos sin que se hubiera informado públicamente cuál era la base legal de su encarcelamiento.
Los riesgos aumentan cuando los destinos atraviesan sus propios problemas políticos y de derechos humanos. Esuatini es una monarquía gobernada por el rey Mswati III, señalado por organizaciones de derechos humanos por restricciones a la oposición y a las libertades políticas.
La República Democrática del Congo también enfrenta conflictos armados e inestabilidad, mientras que la República Centroafricana mantiene una advertencia estadounidense para viajeros debido a violencia e inseguridad. Aun así, Washington ha enviado deportados a estos países.
El costo para los contribuyentes estadounidenses tampoco ha sido menor. Un informe de la minoría demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado calculó que hasta enero de 2026 el gobierno había gastado más de 40 millones de dólares en deportaciones a terceros países.
De esa cantidad, al menos 32,3 millones fueron entregados directamente a cinco gobiernos y otros 7,2 millones se gastaron en vuelos. Algunos traslados utilizaron aeronaves militares cuyo costo puede superar los 32.000 dólares por hora.
La dimensión económica resulta llamativa porque el programa ha movilizado millones para enviar a unos cientos de personas a países que no son los suyos.
En el caso de Esuatini, EEUU entregó 5,1 millones de dólares por el acuerdo, mientras que los deportados han terminado en una prisión de máxima seguridad.
Ahora Liberia se suma al esquema. Su gobierno asegura que los deportados serán recibidos como visitantes y que podrán solicitar asilo o abandonar el país, pero todavía no se conocen públicamente todos los detalles del acuerdo ni qué apoyo recibirá Liberia.
