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La represión política en Cuba: una maquinaria perfecta

NOTICIAS DE CUBA

La represión política en Cuba: una maquinaria perfecta

El estado cubano obligó a activistas, opositores, expresos políticos y periodistas a expatriarse de forma obligatoria

A continuación, ofrecemos el listado de las principales tendencias en la metodología represiva desplegada por el gobierno cubano en los últimos meses de 2021 y enero de 2022

Destrucción de reputación, actos de repudio, arrestos arbitrarios y actos represivos violentos

El 15 de noviembre, la dictadura desplegó su fuerza represiva contra el pueblo, dispuesto a manifestarse en la marcha contra la violencia, propuesta por la plataforma Archipiélago. Brigadas de respuesta rápida realizaron violentos actos de repudio frente a las casas de las figuras más relevantes, al tiempo que encarcelaron a decenas de ciudadanos que salieron a las calles vestidos de blanco, colgaron carteles o realizaron publicaciones en apoyo a la marcha.

El promotor principal de Archipiélago fue cercado por policías en su casa durante días, para prohibirle salir y turbas castristas efectuaron actos de reafirmación revolucionaria durante horas en la planta baja de su edificio.

Represión, acoso y amenazas a madres de los presos políticos

Madres y familiares de presos políticos fueron amenazados y coaccionados por agentes de la seguridad del estado, con el objetivo de callar sus denuncias de violaciones a los derechos fundamentales de estos cubanos encarcelados tras el 11-J.

Un número considerable de madres y familiares ha denunciado citaciones a la policía, abusos durante las visitas en prisión, amenazas con enviarlos a la cárcel y represalias contra sus seres queridos presos. Los familiares del preso político Andy García Lorenzo fueron acosados e interrogados por agentes del régimen, durante su visita a la prisión, el día de Navidad, quienes los amenazaron con encarcelar a la hermana menor del joven.

Juicios expeditos y condenas excesivas en violación al código penal cubano y acuerdos internacionales

La fiscalía cubana en la mayoría de las provincias del país, solicitó injustas sentencias de hasta 30 años contra manifestantes del 11-J. Muchas de esas peticiones han sido ratificadas en juicios corruptos en las que las autoridades cubanas han prohibido el acceso a los medios de prensa y organizaciones internacionales y ha limitado a “sólo uno”, el número de familiares con acceso a los tribunales.

Los procesos se han efectuado bajo una estricta vigilancia policial, con una fuerte presencia de tropas militares y cámaras de vigilancia.

Violación de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos

Familiares de los presos políticos denunciaron que los oficiales de prisiones se negaron a recibir y a proporcionarles medicamentos y atención de salud adecuada.

La madre del menor de edad Jonathan Torres Farrat denunció que su hijo, con un padecimiento del corazón fue privado en la Cárcel de Jóvenes de Occidente durante dos meses, del medicamento Enalapril.

La activista Anamely Ramos informó sobre el grave estado de salud del activista Maykel Osorbo, recluido en la prisión de máxima seguridad 5 y Medio en Pinar del Río, incomunicado y sin recibir tratamiento adecuado.

Procesos injustos a menores de edad

La fiscalía cubana reconoció haber procesado a 55 menores de edad, contra quienes en una gran mayoría ha solicitado injustas sentencias de prisión.

Los medios de comunicación oficialistas han realizado una violenta campaña de descrédito contra estos menores, calificándolos como delincuentes o responsables de actos vandálicos durante las protestas. Sus familiares y abogados han desmentido las acusaciones.

Organizaciones internacionales repudian estas violaciones a los derechos elementales de los menores de edad, a partir de los acuerdos internacionales que los protegen y las propias leyes cubanas.

Represión contra la libertad de prensa

El reporte de la SIP sobre la represión contra los periodistas señaló a Cuba como país con la situación más difícil en los últimos 25 años.

Un considerable número de periodistas independientes fue acosado, cercado 24×7 y acusado de violar las leyes impuestas por el régimen cubano. Sus instrumentos de trabajo como computadoras, teléfonos y grabadoras fueron decomisados.

La prensa internacional acreditada en Cuba también sufrió represión al serles retiradas las credenciales a la agencia EFE durante la jornada por el 15-N y devolvérselas de forma parcial. Otras agencias fueron limitadas de movimiento para realizar coberturas.

Bloqueo tecnológico y cortes de electricidad

Luego del 11 de julio, el régimen de la Habana comprendió aún más la importancia de censurar los sitios web y medios de prensa independientes. No dudando en cortar el acceso directo mediante Internet a los sitios al contenido político de más impacto dentro de la Isla.

El corte de líneas de teléfono celular, fijas y de servicios de electricidad es una práctica común y generalizada que consiste en aislar tecnológicamente a los opositores y periodistas independientes.

Acoso contra profesionales y estudiantes universitarios

Los profesores David Martínez Espinosa Julio Merladet Olazábal, y los doctores Manuel Guerra y Alexander Figueredo Izaguirre fueron expulsados por manifestar su descontento con el gobierno y apoyar la marcha del 15-N.

A Figueredo Izaguirre le fue retirado su título como médico. El abogado independiente Sergio Osmín denunció acoso, vigilancia y detención violenta por apoyar a los presos del 11-J y asesorar a sus familiares.

Mantienen la represión religiosa

Adrián Arza estudiante de la carrera de ingeniería eléctrica de la Universidad de Oriente, fue expulsado por ser miembro de la iglesia apostólica Emanuel, en la ciudad de Santiago de Cuba.

Expatriación forzosa

El estado cubano obligó a activistas, opositores, expresos políticos y periodistas a expatriarse de forma obligatoria. También utilizó esa estrategia como método para coaccionar a presos políticos y librarse de personas incómodas.

Violaciones del derecho ciudadano al libre movimiento

Las autoridades cubanas prohibieron la entrada a Cuba a la historiadora de arte y activista Anamely Ramos, cuando intentó ejercer su derecho a regresar a su país, dentro del marco de tiempo establecido por las leyes cubanas.

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