Las mentiras del gobierno cubano ante el Comité Contra la Tortura de la ONU

Pese a las denuncias, el gobierno cubano sigue negando los actos de tortura en sus cárceles. (Foto: Periódico Cubano)

Al gobierno de un país con una alta emigración y presos políticos en sus cárceles no se le cree que aplique acciones para prevenir actos de tortura, al contrario, parece que los ejecuta como una política de Estado.

El régimen castrista se hundió en este escenario contradictorio al presentar su informe periódico ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Al responder las preguntas planteadas por los expertos de este comité, algunas de ellas basadas en las protestas masivas del pasado 11 de julio, la delegación cubana describió un panorama que no existe en sus centros penitenciarios, según lo revelado por exconvictos de conciencia.

Rodolfo Benítez Verson, director general para Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, se atrevió a decir que ni una sola persona en el territorio antillano ha sido privada de su libertad por el ejercicio de los derechos humanos o situaciones de índole político.

El funcionario también aseguró ante los expertos que se “eliminaron y prohibieron” en Cuba las desapariciones forzadas y actos crueles que frecuentemente ocurrían antes de 1959.

Según la delegación, las comisarías o centros de detención son espacios de respeto donde se brinda atención médica, jurídica, alimentaria y un trato justo a las personas trasladas a estos lugares.

El relato sobre un supuesto “paraíso para personas detenidas en la Isla” también incluyó que el régimen garantiza condiciones de vida digna para los ciudadanos recluidos en las prisiones, con derechos a visitas familiares, tutela conyugal, envío de correspondencia y llamadas telefónicas.

La representación cubana coronó sus respuestas sin sustento en la realidad, afirmando que en el país caribeño se trabaja en aras de disminuir el número de presos, además de respetarse la manifestación pacífica, así como la integridad física y espiritual de los convictos.

A la par de la exposición de este informe de mentiras, miles de cubanos continúan abandonando la Mayor de las Antillas. Sus pasos son motivados por el hambre, las dificultades para conseguir medicinas y la incertidumbre de una vida próspera, pero también por el medio a terminar en una celda oscura y con una golpiza.

La brutal represión del pasado 11 de julio demostró que en el régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, en labor de titiritero, no solo los activistas o periodistas independientes corren el riesgo de ser detenidos y torturados; cualquier cubano hoy está en la mira de la Seguridad del Estado si alguna de sus palabras o actos son en contra de la «Revolución».

Ninguna persona en sano juicio viviría tranquila en un país donde la tortura se aplica de diferentes formas para garantizar un dolor físico o emocional. Golpes, patadas, falta de atención médica, separación familiar, acoso, constantes amenazas de cárcel y trabajos forzados son parte de esos métodos ocultos entre las mentiras del informe.

Cada paso hacia el exterior representa una oportunidad para alejarse de estos castigos, e incluso de actos cotidianos que la ineficiencia del régimen ha convertido en tortura: para comprar comida se requieren varias horas de pie bajo el sol si no se cuenta con moneda extranjera, para llegar a casa se deben caminar largos tramos por falta de transporte público, en tanto no pocos duermen con la preocupación de morir en un derrumbe.

Ahora queda esperar las recomendaciones del comité. ¿Se harán con base a las mentiras establecidas en el informe o en la realidad denunciada por presos políticos y víctimas de torturas?