La ONG Foro Penal informó este domingo sobre la excarcelación de 131 personas relacionadas con las protestas contra el resultado de la elección presidencial del pasado 28 de julio en Venezuela, cuando Nicolás Maduro nuevamente aplicó un fraude para mantenerse en el poder.
Según la organización, las liberaciones de esos presos políticos se realizaron tras solicitudes de revisión de medidas presentadas por el Ministerio Público. Sin embargo, estas personas deberán comparecer ante los tribunales a partir de mañana lunes para recibir medidas vinculadas a una libertad condicional.
El Foro Penal precisó que las excarcelaciones ocurrieron en cárceles de los estados Aragua, Miranda, Carabobo, La Guaira y Guárico. A pesar de este proceso, existen más de 1.700 personas detenidas por motivos políticos en el país.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró que entre el viernes y el sábado se otorgaron 225 medidas de libertad. Según la Fiscalía, estas decisiones se tomaron con base en investigaciones y nuevos elementos probatorios presentados por los fiscales.
La ONG y opositores contabilizan 1.850 detenciones tras las elecciones, entre ellas 69 menores de edad y decenas de mujeres y militares acusados de terrorismo y conspiración. El Gobierno, por su parte, asegura que fueron 2.400 los arrestos, aunque incluye a personas señaladas de cometer delitos comunes, que la ONG no considera presos políticos.
Previo a la liberación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento contundente contra el fraude electoral en Venezuela. Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, declaró ilegítima la proclamación de Nicolás Maduro como presidente.
En este sentido, subrayó que “el mensaje de la CIDH es claro: lo sucedido no se puede aceptar ni normalizar”. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para mantener una presión coordinada sobre el régimen de Maduro y evitar la legitimación de un proceso que calificaron como fraudulento.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) omitió publicar las actas que justificarían el resultado oficial, mientras la oposición asegura tener el 85% de las actas escaneadas, que reflejan una victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia con el 70% de los votos.
Además, la referida organización subrayó la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, cuyo número ha aumentado considerablemente en el marco del proceso electoral.
La CIDH condenó la represión desatada tras las elecciones del 28 de julio. Después de la publicación de los resultados, se registraron más de 300 protestas espontáneas en Venezuela, que fueron brutalmente reprimidas por el Estado. Cientos de manifestantes fueron arrestados y acusados de delitos como terrorismo, conspiración y resistencia a la autoridad, enfrentando sanciones desproporcionadas destinadas a limitar el ejercicio de la libre expresión.
