
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, amenazó con decomisar productos alimenticios como el aceite a todas las formas de gestión no estatal (trabajadores por cuenta propia y Mipymes) que violen los precios topados impuestos por el gobierno.
Según el coronel de las Fuerzas Armadas, hay lugares en el país donde el aceite se está vendiendo en 1.500 pesos cubanos (CUP). Lo anterior constituye una violación y “no hay que esperar para actuar”. Durante una videoconferencia con gobernadores y el intendente de la Isla de la Juventud, Marrero enfatizó que se procederá al decomiso del aceite y no se aplicarán multas ni ventas forzadas como en otros casos. Ahora, las medidas serán más drásticas.
El contexto de esta advertencia se enmarca dentro de un análisis crítico de la situación económica que enfrenta el país, donde la escasez de productos esenciales como los alimentos y materiales de construcción sigue siendo uno de los principales desafíos.
Marrero subrayó que el gobierno debe fortalecer las capacidades endógenas y hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles, con especial énfasis en el sector agropecuario. En este sentido, instó a los gobiernos locales a priorizar la producción nacional de alimentos y garantizar la continuidad de programas sociales fundamentales, como el de la vivienda.
Gobierno impone precios topados al arroz y los frijoles de producción nacional – https://t.co/BEOG3sL9qQ
— Jesús Miguel Medina (@nightniebla1) April 16, 2025
El primer ministro reconoció que el país va muy mal, pero evitó responsabilizarse por los malos resultados. “Estamos haciendo evaluaciones en muchos casos que pensamos que estamos bien, pero estamos muy lejos de la necesidad”, expresó Marrero, haciendo referencia a la desconexión que existe entre las cifras oficiales y la realidad de los ciudadanos.
La solución de los comunistas en estos casos es “tomar medidas”. Una de las medidas urgentes es el perfeccionamiento del balance de alimentos en los municipios, “con el objetivo de evaluar las necesidades reales y evitar distorsiones en la distribución de recursos”.
Este aspecto está relacionado con las estrategias de desarrollo municipal y la revisión de las relaciones contractuales entre las entidades estatales y los actores económicos privados. Marrero señaló que es vital revisar qué se está contratando y qué tipo de servicios son necesarios.
Además, durante la reunión se discutió la marcha del programa de la vivienda, un sector que está en crisis por la falta de materiales. Según el informe presentado, al cierre de marzo solo se concluyeron 1.344 inmuebles, lo que representa alrededor del 12% del total previsto para el año.
La encargada de los planes gubernamentales de la Vivienda, Diana Cruz, destacó que uno de los problemas más graves es la falta de prioridad en la finalización de las células básicas habitacionales y las dilaciones en los trámites administrativos. A su juicio, es crucial acelerar estos procesos para atender la creciente demanda habitacional. No obstante, no dijo cómo hacerlo cuando en el país hay una falta crítica de materiales de la construcción.
Por otro lado, se supo que el gobierno está trabajando en los preparativos para el censo de población y viviendas de 2025, lo que incluye la certificación de aplicaciones informáticas y la capacitación de los recursos humanos necesarios para el levantamiento del registro.

