“Medidas del Gobierno cubano sobre el acceso a la Internet son una trampa”, denuncia el CPJ

El pasado mes de julio los medios internacionales anunciaron la llegada del acceso a WiFi privado legal a Cuba, sin embargo un decreto publicado por el Gobierno el mismo mes contenía una serie de restricciones sobre el contenido y acceso a la red de redes. Así no denunció el Comité para la Protección de Periodista (CPJ por sus siglas en inglés).

Cuba se encuentra entre los 10 países del mundo con mayores niveles de censura, y una muestra de ello es que los portales independientes de noticias se encuentran censurados en la Isla.

El artículo del CPJ publicado en su portal web, cita declaraciones de blogueros y periodistas independientes cubanos y resaltan que “en uno de los países menos conectados del mundo, apenas una pequeña fracción de sus 11 millones de habitantes posee una conexión en el hogar, según ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones, la única en el país”.

Así, “la mayoría depende de internet móvil o de hotspots de WiFi públicos, a precios que motivaron la campaña #BajenLosPreciosDeInternet en las redes sociales en junio”, añadió.

Las recientes medidas que rigen el acceso a internet autorizan que las personas extiendan las señales de WiFi públicas a espacios privados, un “truco” que anteriormente era ilegal aunque mayormente tolerado.

Sin embargo, periodistas expresaron a CPJ que “el decreto acompañante podía erosionar más su posición en el panorama mediático, en el mejor de los casos al introducir costosos requisitos burocráticos, y en el peor de los casos al proporcionar un barniz de legitimidad para castigar el periodismo crítico”.

El Artículo 68 del Decreto 370 establecido por el Gobierno cubano prohíbe “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero” y difundir “información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las persona” a través de las redes públicas.

El decreto, en vigor desde su publicación el 4 de julio, pretende establecer normas legales para la “informatización de la sociedad”, aunque el medio independiente 14yMedio, citado por CPJ, informó que el Gobierno estaba reforzando el “control sobre el contenido de las redes”.

El Comité alertó que las sanciones previstas que contemplan el “decomiso de los equipos y medios utilizados para cometer las contravenciones” y multas que pueden ascender hasta varios cientos de dólares estadounidenses, sumas sustanciales en pesos cubanos.

El decreto provocó inmediatamente consternación entre la comunidad de medios digitales cubanos, según entrevistas realizadas por el CPJ.