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Multas por acaparar alimentos durante una pandemia son más baratas que criticar al régimen
El régimen castigó el acto de acaparar alimentos en plena pandemia con 2.000 pesos de multa, mientras las multas interpuestas bajo la Ley 370 cuestan unos 3.000
Un almacén ilegal de alimentos y otros productos básicos fue hallado por la policía de Cienfuegos, quienes multaron a los responsables con 2.000 pesos, aproximadamente 1.000 menos que cualquier multa represiva en Cuba.
La cifra, compartida por el diario oficialista Granma demuestra que el acaparamiento de alimentos en plena pandemia de COVID-19 en la Isla es penalizada con menor severidad que criticar al régimen.
Y es que la mayoría de las multas impuestas por la Policía Nacional Revolucionaria a opositores o solo cubanos de a pie que llegan a quejarse del régimen cubano en sus redes sociales oscilan siempre los 3.000 pesos.
Sobre el almacén de alimentos en Cienfuegos, el diario del Partido Comunista indicó que pertenecía a un ciudadano que ha sido multado en varias ocasiones por vender “de manera ilegal y a precios no establecidos este tipo de alimentos”.
Así, mientras un acaparador y revendedor logra en Cuba recibir varias multas no superiores a 2.000 pesos por delitos que perjudican al grueso de la población en medio de la severa escasez; un cubano se hace acreedor a una multa mayor como mínimo o incluso es llevado a prisión por una publicación.
Represión e injusticia en Cuba
La Policía advirtió al “autor de la actividad ilícita y a su ayudante” que, de reincidir nuevamente, serán acusados del delito de actividad económica ilícita, según Granma.
Mientras periodistas, activistas y artistas son perseguidos incansablemente aun cuando no se encuentran actuando en el momento, la “justicia” de Cuba deja ir verdaderos criminales con una advertencia.
Aunque la represión de Cuba siempre ha sido grande, desde el inicio de la pandemia de COVID-19 la persecución contra cualquiera que se atreva a denunciar o quejarse de cualquier aspecto o funcionario del gobierno cubano enfrenta amenazas, detenciones y hasta cárcel.
Amparadas bajo el Decreto-Ley 370, las autoridades de la Isla intimidad a cualquiera con ideas contrarias y/o inconvenientes para el régimen, limitando aún más la mermada libertad de los cubanos que ya no pueden expresarse ni siquiera en un espacio tan informal e independiente como son las redes sociales.
El Decreto Ley 370 ha sido señalado por organizaciones y activistas cubanos como una violación total a la libertad de expresión en Cuba.
Esta herramienta jurídica permite al régimen de la Isla penalizar a cualquiera cuya opinión, incluso en medios informales y personales como las redes sociales, resulte adversa al gobierno, sus instituciones, personalidades o ideales.
