Nueva Ley de Soberanía Alimentaria de Cuba sigue sin dar libertad a los productores

Gobierno de Cuba seguirá sin dar libertad a campesinos. (Imagen de referencia: Fernando Medina-Cuba Ahora).

El gobierno de Cuba expresó sus intenciones de aprobar en octubre una Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SAN), que supuestamente garantizaría la disponibilidad y estabilidad de alimentos en el país.

Sin embargo, según lo adelantado por las autoridades, la ley no contemplará la liberación del mercado ni el proceso productivo, que es lo que los campesinos han solicitado por años y lo que expertos en economía recomiendan para terminar con la crisis alimentaria.

El director jurídico del Ministerio de la Agricultura (Minag), Orlando Díaz, confirmó la creación de la ley a la oficialista Agencia Cubana de Noticias.

El llamado Plan SAN no cambia en prácticamente nada la política actual bajo la que trabajan agricultores y ganaderos, pues solo cambia el control del gobierno nacional, a los 168 municipios, con lo que la decisión sobre qué sembrar y cómo comerciarlo sigue siendo estatal.

A pesar de esto, la directora de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar y coordinadora del Plan SAN, Elizabeth Peña Turruellas, destacó el “compromiso” de quienes elaboran el Anteproyecto pues debe estar “lo más atemperado posible a lo que requiere el país en materia de desarrollo agroalimentario”.

Entre esos requerimientos no mencionó que campesinos han denunciado por años, y en especial en los últimos meses, que la severa escasez de alimentos que atraviesa Cuba es a causa de la economía centralizada y que seguirá empeorando mientras los productores no puedan comerciar libremente con su trabajo.

En el caso de los agricultores, además de no poder escoger que sembrar, no pueden vender sus cosechas, establecer un precio ni decidir dónde se distribuyen, sino que dependen al 100% de Acopio para entregarle su producto y recibir una ínfima paga por ello.

El precio pagado por el gobierno no cubre la inversión de insumos como fertilizantes y plaguicidas, que con el ordenamiento monetario aumentaron hasta ocho veces su valor, volviendo por completo irrentable su trabajo.

A esto se suma que ni siquiera después de entregar su cuota pueden comerciar con el sobrante, por lo que al hacerlo –siempre por necesidad –se arriesgan a recibir cuantiosas multas, que entre los altos precios y la mala paga tienen asfixiados a los campesinos.

El caso de los ganaderos es similar, pues el gobierno no paga por la comida y agua que reciben los animales, así como los cuidados adicionales, como gastos veterinarios.

El gobierno también decide lo que les pagara por sus entregas, además de que el consumo eléctrico, que también aumentó hasta 20 veces con el ordenamiento, es mayor debido a las máquinas para moler sus alimentos y a la luz de establos y otras áreas.

En ambos casos, además, las autoridades mantienen deudas con productores, las cuales ascienden a miles de pesos cada uno y que arrastran desde hace meses, y en algunos casos, desde hace años, haciéndoles insostenible seguir con su labor.

Los atrasos en la recogida de cosechas es otro de los problemas, pues estas se pudren esperando y además de que esto incrementa la escasez, los campesinos no reciben la paga por un trabajo que sí realizaron y que al gobierno le correspondería retribuir de todas formas.

Mientras todo esto no cambie, las reformas alimentarias que haga el gobierno seguirán siendo irrelevantes y la escasez que actualmente impera en tiendas y mercados, continuará y aumentará, afirman los productores.