Observatorio Cubano de Derechos Humanos exige la derogación de la Ley Azote

Observatorio Cubano de Derechos Humanos exige la derogación de la Ley Azote (CAMILA ACOSTA/TWITTER).

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó una solicitud a la Asamblea Nacional de Cuba para que revise y declare inconstitucionales dos artículos del Decreto-Ley 370, que regula el uso de las nuevas tecnologías en la isla.

Según un comunicado emitido por la organización este miércoles, “el artículo 68 del Decreto-Ley 370 entra en colisión directa con el artículo 54 de la Constitución sobre el supuesto respeto y garantía de la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”.

La petición fue entregada por los activistas Enix Berrio Sardá y Luis Manuel Otero Alcántara en la sede de la Asamblea Nacional, en La Habana.

Según la misiva, el artículo 68 limita el uso de las TIC al prohibir “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

En ese sentido, hablando de los ideales del gobierno cubano, conocido por sus métodos de adoctrinamiento, desde las escuelas, hasta los medios oficiales.

No es extraño entonces, que la facilidad que brinda el internet de expresar opiniones y difundir información resulte “amenazadora” para los intereses del régimen de Cuba.

“Estamos claramente ante una forma encubierta e ilegal de extender el alcance punitivo y la censura política y cultural bajo la apariencia de normas administrativas contra actuaciones que no van contra los bienes jurídicos más importantes”, señala el texto del OCDH.

Acusaron directamente a las autoridades cubanas de penalizar legalmente a sus ciudadanos “por sus publicaciones en redes sociales abiertas, como Facebook y Twitter, o por enviar artículos y noticias a medios de comunicación independientes de los oficiales”.

El OCDH asegura que el Decreto-Ley 370 contradice al artículo 99 de la Constitución de Cuba, que habla sobre los daños y perjuicios sufridos por órganos del Estado en un ejercicio indebido de sus funciones.

Asimismo, contradice un derecho consagrado en el artículo 94 sobre el debido proceso en los ámbitos judicial y administrativo, y por tanto, con los derechos de reparación por los daños materiales y morales e indemnización por perjuicios.

“En cualquier caso, el artículo 76 del Decreto Ley 370 que se cuestiona, limita de manera inconstitucional el derecho que ha querido garantizar la Constitución como protección del ciudadano ante las actuaciones u omisiones indebidas, entre otros, de los funcionarios estatales”, declara el texto.

“Y ello tiene el gran peligro de alimentar la impunidad de la administración en sus actuaciones, dado que tendría una especie de fuero o inmunidad”, concluye acertadamente la misiva.

El Decreto-Ley 370 o “Ley Azote”

El Decreto Ley 370 ha sido señalado por organizaciones y activistas cubanos como una violación total a la libertad de expresión en Cuba.

Esta herramienta jurídica permite al régimen de la Isla penalizar a cualquiera cuya opinión, incluso en medios informales y personales como las redes sociales, resulte adversa al gobierno, sus instituciones, personalidades o ideales.

Más de una decena de activistas, artistas, escritores y periodistas han resultado multados bajo el amparo de esta ley, que coarta por completo la privacidad y la libertad de expresión.

Las sanciones, en apariencia arbitrarias, han impulsado a los opositores al régimen a promover una campaña en redes sociales en la que manifiestan su rechazo al estatuto comunista.

Asimismo, los activistas aseguraron que no pagaran las multas que les impone el régimen de Cuba, sin embargo, esta decisión podría llevarlos a prisión, si así lo consideran las autoridades.