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Periodista independiente Camila Acosta se rehúsa a pagar multa de Decreto Ley 370
Acosta fue multada con 3.000 pesos a finales de marzo por realizar su trabajo como periodista independiente
Periodista independiente Camila Acosta se rehúsa a pagar multa de Decreto Ley 370 (CAMILA ACOSTA/FACEBOOK).
La periodista independiente cubana Camila Acosta declaró que no pagará la multa de 3.000 pesos que las autoridades le impusieron por sus publicaciones en redes sociales.
A través de su cuenta de Facebook, la reportera de CubaNet afirmó que la multa ponía precio a la libertad de expresión y exigió la derogación del Decreto-Ley 370 o “Ley Azote”.
“¡Plantados! El Decreto-Ley 370 es la censura disfrazada, es la fiscalización de la libertad de expresión. Ni firmé la multa ni la pagaré, pues #InformarNoEsDelito. Solo uniéndonos para presionar al régimen cubano lograremos la derogación de la #LeyAzote y de todas las leyes dictadoras y, en definitiva, el fin de la dictadura en Cuba”, escribió.
¡Plantados! El Decreto-Ley 370 es la censura disfrazada, es la fiscalización de la libertad de expresión.Ni firmé la…
Publicada por Camila Acosta en Domingo, 3 de mayo de 2020
Camila Acosta recibió la multa el pasado 27 de marzo, porque sus publicaciones de Facebook violaban el Inciso I, del Decreto-Ley 370 del Código Penal. Ese día, los agentes le mostraron a la periodista “evidencia” de sus escritos en la red, fue interrogada, amenazada y finalmente multada con 3.000 pesos.
Por su labor periodística, Acosta es de las profesionales que se encuentran en la mira constante de la Seguridad del Estado, que la han acosado y amenazado para que deje de escribir sobre la realidad de Cuba.
La periodista pertenece a la lista de los más de 100 cubanos que han sido “regulados” por el régimen, es decir, que tiene prohibido salir de la Isla aunque legalmente no hay motivos para retenerla.
Represión en Cuba mediante “Ley Azote”
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en Cuba, las autoridades han aumentado sus medidas represivas contra todo aquel que critique la gestión del Gobierno.
Periodistas y activistas han sido los más afectados, pero también los cubanos de a pie se han visto perjudicados al denunciar en sus redes sociales abusos, carencias y otras deficiencias de la vida diaria en la Isla.
El caso reciente de un almacén ilícito con comestibles dejó claro que en el país es menos penado delinquir en plena pandemia que expresar una opinión en redes sociales.
La Seguridad del Estado se escuda específicamente en el inciso i del artículo 68, que establece que se considera desobediencia el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para “difundir, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
Esto pone en el esquema a básicamente cualquier persona que exprese alguna queja o denuncia relacionada con el régimen, sus funcionarios e instituciones.
La ley ha sido señalada por organizaciones y activistas cubanos como una violación total a la libertad de expresión en Cuba.
