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PERIÓDICO CUBANO

PNR acosa a la familia de María Cristina Garrido, detenida y torturada tras el 11J

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PNR acosa a la familia de María Cristina Garrido, detenida y torturada tras el 11J

La vivienda está siendo vigilada

Agentes de la PNR frente a la casa de la activista María Cristina Garrido. (Nestor Fernández-Facebook/ María Cristina-Facebook).

Agentes de la PNR frente a la casa de la activista María Cristina Garrido. (Nestor Fernández-Facebook/ María Cristina-Facebook).

La familia de la activista cubana María Cristina Garrido, arrestada y acusada de liderar las protestas pacíficas del 11J en Quivicán, Mayabeque, está siendo acosa por la policía cubana.

El opositor Néstor Fernández denunció la situación a través de su cuenta de Facebook, donde compartió una fotografía en la que se observa a un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de pie frente a la vivienda de Garrido.

En su publicación, Fernández aclara que en la casa se encontraba toda la familia de la opositora: su esposo Michael Valladares, sus padres y los dos hijos de 11 años, como sus padres.

María Cristina Garrido y su hermana Angélica han sido víctima de varios abusos policiales desde su detención tras las protestas del 11 de julio, que han incluido agresiones brutales.

Este 10 de agosto, Valladares declaró para Radio Televisión Martí, donde denunció las violaciones a los derechos de su esposa, que ha sido golpeada salvajemente en el centro penitenciario conocido como “La prisión del Sida”, en San José de las Lajas.

Explicó que, con torturas, Garrido fue obligada a gritar “Viva Fidel”, mientras los guardias se burlaban de ella.

Las golpizas sufridas por la activista han sido un reporte desde el primer día de su detención, pues fue agredida a tal grado que se orinó en dos ocasiones.

Garrido es madre de una niña y un niño de 11 años, quienes aseguran conocer la situación de su madre y señalan que solo quieren verla para abrazarla y besarla.

La activista fue detenida el pasado 12 de julio, junto a su hermana Angélica Garrido. Ambas terminaron en celdas de tortura, en las que no se podían ni sentar.

Las dos fueron acusadas sin pruebas de cometer los delitos de “desorden público”, “resistencia”, “propagación de epidemia”, “atentado” y “organización de manifestaciones”.

Su detención es uno de los 700 casos de detenciones arbitrarias ocurridos a raíz del 11J, y de los cuales más de 500 permanecen todavía privados de la libertad.

A través de juicios sumarios, el gobierno de Cuba ha procesado a 62 personas, sin derecho a una defensa, sin la presencia de familiares, y en muchos casos sin darles a conocer los cargos de los que se les acusa previo al proceso.

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