La Universidad Internacional de la Florida (FIU) confirmó que el gobierno estadounidense ha revocado las visas F1 de 18 de sus estudiantes, incluyendo a 11 actuales y 7 graduados recientes.
Los avisos llegaron a los implicados entre el 25 de marzo y el 10 de abril de 2025, como parte de un acuerdo firmado por la universidad con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permite la colaboración en cuestiones de inmigración.
El Departamento de Policía de FIU se ha comprometido a cumplir con las directivas del gobernador Ron DeSantis y a capacitar a sus oficiales para hacer cumplir las leyes migratorias en el campus. Esta colaboración se da en el marco del programa 287G, que otorga a las autoridades universitarias el poder de detener e interrogar a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente.
La revocación de las visas F1 afecta a estudiantes internacionales que, al perder su estatus legal, enfrentan el riesgo de ser deportados o de abandonar sus estudios abruptamente. El abogado de inmigración Alex Gálvez explicó que este tipo de acciones tiene repercusiones significativas en la vida de los estudiantes afectados, quienes pierden no solo su permiso de residencia, sino también la oportunidad de completar su formación académica.
En ese sentido, Dianne Fernández, portavoz de FIU, y destacó la tensión generada en la comunidad estudiantil. Igualmente, el activista pro inmigrantes Thomas Kennedy subrayó la creciente preocupación entre la comunidad estudiantil.
La revocación de visas a los estudiantes de FIU se enmarca en un patrón más amplio que ha afectado a más de 300 estudiantes internacionales en universidades de todo el país. La administración de Donald Trump, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, ha justificado estas cancelaciones argumentando que los estudiantes están involucrados en protestas que podrían desestabilizar la política estadounidense.
La política ha estado particularmente dirigida a estudiantes que participaron en manifestaciones contra Israel, sobre todo las relacionadas con el conflicto en Gaza. Sin embargo, estos actos no siempre han sido acompañados de acusaciones formales de terrorismo.
Este endurecimiento en la política de inmigración ha desatado un debate en torno a los derechos fundamentales de los estudiantes internacionales. Defensores de los derechos civiles y miembros del Congreso han criticado la medida, acusando al gobierno de Trump de violar los derechos constitucionales de los estudiantes al cancelar sus visas por actividades políticas.
La congresista Ayanna Pressley, por ejemplo, ha calificado la revocación de visas como un “secuestro de estudiantes con estatus legal”.
Además de la revocación de visas, el Departamento de Estado ha implementado nuevas medidas que afectan a los estudiantes internacionales. La revisión de redes sociales de solicitantes de visas F-1, J-1 y M ha incrementado el escrutinio sobre las actividades en línea de los solicitantes, con el objetivo de identificar posibles vínculos con el terrorismo o actividades que puedan amenazar la seguridad nacional.
Venden más de 1.000 golden visas en un solo día
Mientras tanto, el gobierno estadounidense vendió más de 1.000 visas doradas a cambio de una inversión de cinco millones de dólares. Cada extranjero que pague esa cifra puede obtener residencia permanente y la opción de ciudadanía.
El programa, que reemplaza a la anterior visa EB-5, generó 5 mil millones de dólares en un solo día. A diferencia de la visa EB-5, la Golden Visa permite a los inversionistas evitar la ciudadanía estadounidense, lo que les exime de impuestos globales.
La iniciativa está dirigida a un selecto grupo de inversores internacionales, con más de 37 millones de personas potencialmente elegibles. Sin embargo, ha generado críticas por favorecer solo a los más ricos, mientras las políticas migratorias para personas de bajos ingresos se endurecen.
