La controversia en torno a Alejandro Gil, exministro de Economía de Cuba, ha cobrado un nuevo giro tras las declaraciones de Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, quien en un intercambio en redes sociales afirmó que “la traición se paga con la muerte”.
Este comentario ha generado especulaciones sobre la gravedad de la situación del exfuncionario. Las palabras del heredero de la dictadura, quien ha sido figura controvertida por sus publicaciones, parecen aludir indirectamente a las acusaciones contra Gil, que enfrenta graves cargos por espionaje y otros delitos.
El pasado sábado, María Victoria Gil, hermana del exministro, en una entrevista con el periodista Mario J. Pentón acusó al régimen cubano de montar una “trampa” contra su hermano.
Según su testimonio, fuentes cercanas al gobierno confirmaron que Gil está siendo investigado por supuestos vínculos con la CIA, algo que la familia niega rotundamente. La defensa del exministro, añade María Victoria, fue sólida y desmintió punto por punto las acusaciones.
Gil, quien fue una figura clave en la gestión económica de Miguel Díaz-Canel, fue arrestado tras una serie de citaciones y entregas de documentos.
Su esposa y él fueron detenidos y trasladados a una instalación del Ministerio del Interior, donde permanecieron por cuatro meses. Posteriormente, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde solo puede recibir visitas limitadas cada 15 días.
La hermana de Gil apuntó al primer ministro Manuel Marrero como el principal responsable de su encarcelamiento, señalando que él estaría detrás de todo el proceso que llevó a su hermano a prisión.
En contraste con las críticas a Díaz-Canel, María Victoria sostiene que el mandatario no estuvo al tanto de la investigación, lo que, de ser cierto, podría reflejar una falta de control dentro de su propio gobierno.
Las acusaciones contra Alejandro Gil son graves. Se le imputa espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y otros delitos. El juicio, que concluyó hace 10 días, se desarrolló en completo hermetismo, sin la presencia de prensa independiente y con una mínima asistencia de familiares.
Esta falta de transparencia ha generado preocupación sobre las garantías procesales del exministro, quien enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua.
El caso de Alejandro Gil no solo refleja las tensiones internas dentro del gobierno cubano, sino también la creciente opacidad en el sistema judicial del país, particularmente cuando se trata de acusaciones que involucran la seguridad del Estado.
A medida que la crisis económica, sanitaria y política se agudiza, el juicio de Gil se ha convertido en un símbolo del clima de represión y control que caracteriza al régimen cubano en la actualidad.
Mientras avanza la investigación, los detalles siguen siendo escasos, y los medios oficiales se mantienen en silencio sobre el caso, alimentando la incertidumbre sobre el futuro de Gil y el mensaje que este juicio busca transmitir a otros miembros del aparato político del país.
