Cuba responde con retraso a la ONU y con castigo a los “desertores”

La organización Prisoners Defenders ha tenido acceso a la reciente respuesta de Cuba a las acusaciones de prácticas esclavistas presentadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas. A pesar de haber demorado 20 días más del plazo establecido de 60 días para responder, la misiva del gobierno castrista llegó a la ONU sin abordar las acusaciones más graves.

En su respuesta, el régimen afirmó que su actuar es legítimo según el “artículo 16 de la Constitución de la República [de Cuba]”. Sin embargo, no hizo una mención directa a las acusaciones referentes a su legislación, descritas como esclavistas por los críticos (Código Penal de Cuba, art. 176; Resolución 368 de 202 del Mincex).

Un detalle revelador es que el 75% de los 1.402 colaboradores cubanos en el exterior, según declaraciones juradas entregadas a Prisoners Defenders, afirmaron no haber sido voluntarios. A pesar de esto, la dictadura sostiene que la relación laboral se basa en la voluntariedad, sin presentar evidencia contractual que respalde tal afirmación.

El gobierno cubano también señaló que los profesionales pueden finalizar su contrato de trabajo y regresar a Cuba o cambiar su estatus migratorio. Sin embargo, esto contrasta con la legislación migratoria cubana, que impone restricciones severas, incluyendo una espera de hasta cinco años para obtener permiso para dejar el trabajo, y penas de prisión de hasta 8 años por no regresar al país tras finalizar el contrato.

El régimen de La Habana aseguró que los profesionales que dejan su trabajo en el exterior no enfrentan consecuencias legales, pero los documentos consulares oficiales y legislaciones vigentes indican lo contrario, evidenciando una grave discrepancia entre la retórica oficial y la práctica.

Las pruebas aportadas por Prisoners Defenders incluyeron documentos oficiales del Ministerio de Relaciones que claramente demuestran las medidas represivas que se toman contra los que deciden no terminar con sus misiones: “El ciudadano cubano que es declarado desertor (…) pierde su residencia en Cuba de manera automática y se le deniega la entrada a Cuba por un periodo de 8 años a partir de la fecha en la que se le declaró el Abandono de la Misión Estatal. Esta es una regulación interna del Ministerio del Interior”.

“El ciudadano cubano que es declarado desertor (…) pierde su residencia en Cuba de manera automática y se le deniega la entrada a Cuba por un periodo de 8 años a partir de la fecha en la que se le declaró el Abandono de la Misión Estatal. Esta es una regulación interna del Ministerio del Interior”. (Captura de pantalla © Prisoners Defenders – Email)

Cuba justifica sus leyes migratorias argumentando la necesidad de adaptarlas al contexto actual y de protegerse contra lo que describe como “uso hostil y desestabilizador” de su política migratoria. Esta justificación es vista por muchos como una forma de mantener el control sobre sus ciudadanos en el exterior.

Además, el gobierno cubano menciona que los trabajadores pueden cambiar de cargo o lugar de trabajo, pero subraya que la economía está por encima de los derechos individuales, lo que ha sido interpretado como un reconocimiento implícito de la subordinación de los trabajadores a intereses económicos.

A pesar de aseverar que las contrataciones se hacen mediante contratos individuales, Cuba no presentó ningún modelo de contrato o acuerdo. Esto es relevante, ya que un porcentaje significativo de los trabajadores civiles cubanos en el exterior reportó no haber recibido contrato o copia del mismo.

Los trabajadores civiles cubanos que han brindado testimonio ante las Naciones Unidas revelan una realidad distinta a la presentada por el gobierno. El 78% afirmó no haber ido voluntariamente al exterior, y un 12% adicional indicó haberlo hecho bajo coacción.

En cuanto a la garantía de satisfacción de las necesidades básicas de las familias de los cooperantes en Cuba, las recientes reformas que eliminan subsidios familiares ponen en duda esta afirmación. Además, la promesa de que se paga una remuneración suficiente en el exterior contrasta con los bajos salarios reportados por los médicos cubanos en misiones internacionales.